Radio América. Una nueva disputa entre el Partido Nacional y Libre estaría impidiendo la aprobación de decretos a favor del Consejo Nacional Electoral, mismos que prolongan darle presupuesto al CNE y que reduce las facultades al órgano administrador de los procesos democráticos del país.
La concejal propietaria del CNE, Rixi Moncada, expresó su preocupación en primera instancia al ser consultada esta mañana por Radio América.
La funcionaria señaló que la secretaría de Finanzas aún no termina de concretar su dictamen para el desembolso de 800 millones que se solicita para la compra de tecnología en la transmisión de resultados y el desarrollo del proceso electoral.
Moncada denunció además que enviaron al Legislativo una Ley transitoria de tres artículos y que habría sido modificada con el objetivo de silenciarla a ella y a la concejal Ana Paola Hall a fin de darle voz solo al representante nacionalista Kelvin Aguirre el día de los comicios.
Respecto a las acusaciones de los nacionalistas en la supuesta intención de hacer negocio con la implementación de tablets en la tecnificación de las elecciones, la funcionaria respondió con un dicho popular, señalando que “el que las usa las imagina”.
En ese sentido espera que al final de todo prime la racionalidad, se puedan llevar a cabo las elecciones sin complicaciones y que estas puedan ser dirigidas por el órgano electoral de manera autónoma.
Moncada inició diciendo que harán todo lo posible para que el mal de la corrupción no pueda tener espacio en el proceso y que luchará así como ocurrió en las elecciones primarias de marzo en donde pese a todos los obstáculos estos se pudieron desarrollar.
La representante de Libertad y Refundación externó que la transmisión y verificación son los dos proyectos estrellas de todo el proceso electoral en relación a los cuestionados comicios de 2013 y 2017.
Sobre el presupuesto y la conferencia brindada hace dos días por el ministro de Finanzas, Luis Mata, la funcionaria del CNE comparte que hay disponibilidad.
“El ministro está en lo cierto, pero no le corresponde a él la ejecución, sino garantizar la disponibilidad”, apuntó.
“El punto es que nosotros no podemos ejecutar los dos proyectos fundamentales porque requieren mayor dedicación por su delicadeza, envergadura y magnitud, ya que si iniciamos la ejecución con la Ley de Contratación del Estado vamos a salir de esto en enero o febrero del otro año”.
Para ello, acotó, el CNE requiere de una Ley Especial y el vehículo que les permita llevar adelante los procedimientos para la ejecución de los proyectos fundamentales.
En conclusión, añadió, hay disponibilidad de recurso pero sin proceso para conducir el plan en cada uno de los trámites.
“La Ley de Contratación no nos sirve así y no podemos emitir un acuerdo de emergencia porque el gobierno a través de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras -ONCAE- dice que no tenemos esa facultad”.
“Eso lo dice a través de un dictamen legal y no podemos alterar la condición plasmada”, subrayó.
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