AFP.- Decenas de guatemaltecos caminaron este lunes en el centro de la capital para recordar a los más de 200.000 muertos y desaparecidos que dejó la guerra civil que desangró al país centroamericano entre 1960 y 1996.
Con pancartas, flores y fotografías, activistas, sobrevivientes y familiares de las víctimas llamaron a mantener la memoria histórica de lo ocurrido durante el conflicto fratricida y exigir justicia, además rechazar una iniciativa de ley que pretende aplicar amnistía a delitos de lesa humanidad.
«Estamos aquí como generaciones que no estamos dispuestas a olvidar», dijo durante un acto conmemorativo Lenina García, dirigente estudiantil de la estatal Universidad de San Carlos, la cual sufrió la represión estatal durante la guerra civil.
Cada 25 de febrero desde 2004 Guatemala conmemora el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, que coincide con la fecha de 1999 cuando la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por la ONU, presentó un informe sobre los vejámenes cometidos en la guerra.
La CEH determinó en el informe «Guatemala Memoria del Silencio» que los 36 años de conflicto dejaron unos 200.000 muertos y desaparecidos, principalmente en comunidades indígenas, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, y reconoció actos de genocidio contra poblaciones mayas.
«Todo el mundo quería escuchar ese informe en donde hubo repudio realmente por la violencia extrema cometida por hombres criminales de guerra, y aún se espera que la justicia les llegue», señaló Otilia Lux, una dirigente indígena quien participó en la comisión.
«Memoria del Silencio es nuestra historia escrita y no va a borrarse jamás», agregó Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992.
El padre de Menchú, Vicente Menchú, murió en 1980 junto con otras 36 personas durante el desalojo violento de las fuerzas estatales a la embajada de España, que había sido tomada por indígenas, campesinos y estudiantes para denunciar la represión del ejército en sus comunidades.
«La iniciativa 5377 (amnistía) promueve la impunidad y beneficia a quienes cometieron genocidio y crímenes de lesa humanidad», señalaba una pancarta colocada en el edificio del Poder Judicial, en referencia al proyecto que se debate en el Parlamento para modificar la Ley de Reconciliación Nacional e incluir en la amnistía delitos de lesa humanidad como genocidio, tortura y desaparición forzada.
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