Radio América. El regidor de la alcaldía de Talanga, Francisco Morazán, Mario Moncada, expresó que “se hizo justicia”, esto en relación a los aseguramientos y capturas que ejecuta el Ministerio Público (MP) contra el alcalde de Talanga, Roosevelt Eduardo Aviléz y su círculo familiar.
Moncada dijo que ahora serán los entes encargados de la investigación de dar con la captura del actual alcalde del pueblo de Talanga y evidenciar lo que por 12 años ha venido denunciando.
La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) recibió una denuncia el 23 de marzo de 2013 en contra de Roosevelt Eduardo Aviléz en la cual se manifestó su supuesta participación en una estructura dedicada al tráfico ilícito de drogas, producto de la cual según la Fiscalía, ha incrementado su patrimonio y de la cual forman parte varios miembros de su núcleo familiar.
“He sido un denunciante permanente en Talanga. He tenido pleitos con los medios locales que defienden al alcalde, siempre hemos denunciado que es parte del sistema criminal”, declaró Moncada.
Seguidamente, el regidor del Partido Libertad y Refundación (Libre), manifestó que el alcalde Roosevelt Eduardo Aviléz no rinde informes y no realiza reuniones de corporación porque siempre ha hecho lo que quiere.
Reveló que hace unos días se reunió con un agente del Ministerio Público quien le aseguró que antes de las elecciones generales estarían capturando al edil de Talanga.
“Tienen que capturar también a su hijo porque en Talanga nos asombramos cuantos millones de plata tienen en propiedades”, añadió.
Exhortó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) se llene de valor y comience la investigación en este caso para que se deduzcan los pliegos de responsabilidades.
Finalmente, adelantó que como regidores municipales estarán convocando a una reunión extraordinaria para ponerse de acuerdo en estos pocos meses que les quedan como autoridad.
Tras diligencias investigativas dirigidas a identificar el patrimonio del denunciado y su círculo familiar, el Ministerio Público logró establecer la existencia de un aumento patrimonial evidentemente desproporcionado en relación a las actividades económicas generadoras de ingresos, pudiendo deducirse que dicho patrimonio proviene de actividades relacionadas al tráfico ilícito de drogas.
Con información de Javier Rivera
