Tegucigalpa, 28 abr (EFE).- Cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas enviaron una carta al Estado de Honduras para expresar su «profunda preocupación» por la judicialización y la detención de dos defensores de derechos humanos del país, informó este miércoles la oficina de las Naciones Unidas en Honduras.
La carta fue firmada por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary y la de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard. Así como por el relator especial de la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, y el de los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay.
Las acusaciones contra Víctor Vásquez y José Santos Vijil, defensores de derechos humanos del departamento de La Paz, región central del país, y las decisiones adoptadas por la Justicia hondureña «parecerían no estar sustentadas por pruebas objetivas», señalaron los relatores.
Vásquez y Vijil, ambos defensores de la etnia lenca, fueron detenidos en diciembre de 2020, luego de que el Ministerio Público presentó un requerimiento por los delitos de robo con fuerza agravado, daños y desplazamiento forzado, según la ONU.
Por los primeros dos delitos ya fueron sobreseídos de manera provisional por un juzgado de Honduras, que dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva por desplazamiento forzado.
El sobreseimiento es provisional, el juzgado todavía puede cambiar la medida y juzgarlos nuevamente por esos delitos.
CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORES
Los relatores destacaron «la relevancia de este caso en el contexto de Honduras», país en el que los defensores de los derechos humanos y de la tierra «son los que están más expuestos a riesgos y a ataques».
Además, son criminalizados mediante la «fabricación de acusaciones falsas y la ausencia del disfrute de las garantías del derecho al debido proceso».
Los expertos independientes manifestaron su «preocupación por el hecho de que la acusación contra los defensores y la posterior privación de su libertad representen una criminalización del ejercicio de su derecho a la libertad de asociación y del derecho a la libertad de expresión».
Resaltaron también su «preocupación ante la utilización por parte del Ministerio Público del tipo penal de desplazamiento forzado mediante una acusación que aparentemente estaría desprovista de contexto y desvinculada de las circunstancias que motivan la creación de dicho tipo penal».
Agregaron que este tipo penal se establece como «respuesta al desplazamiento forzado que ocurre como consecuencia de la violencia generalizada y el crimen organizado».
EVITAR USO EXCESIVO DE PRISIÓN PREVENTIVA
Los relatores solicitaron al Estado de Honduras proporcionar información sobre la base jurídica para la detención preventiva y sobre las garantías del debido proceso en este caso, especialmente a la luz del Pacto Internacional sobre los derechos civiles y políticos (PIDCP).
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH) ha visitado varias ocasiones a los defensores en la cárcel donde cumplen la prisión preventiva.
«El impacto del uso indebido del derecho penal es inmenso para las personas defensoras de derechos humanos, en la medida en que afecta tanto a sus familias y comunidades, como a los mismos derechos que su labor protege», añadió la ONU.
La OACUDH también se sumó a la solicitud de los relatores y recordó a Honduras el «obligado» cumplimiento de las garantías del debido proceso.
Instó al poder Judicial de Honduras a revisar las medidas cautelares y evitar un uso excesivo de la prisión preventiva.
Reconoció además la labor de las personas defensoras de derechos humanos de La Paz, incluidos los integrantes del Comité Local de Acompañamiento a Derechos Humanos (CLADH) de Simpinula, cuyo coordinador es Víctor Vásquez. EFE
ac/ares
