Radio América. La presidenta Xiomara Castro anunció “mano dura y orden en las cárceles” luego de los primeros incidentes simultáneos en cuatro centros penitenciarios del país.
No obstante, las revueltas continuaron y designó a la subsecretaria de Seguridad, la doctora Julissa Villanueva, para que liderara un plan de intervención carcelaria a fin de poner orden en el sistema de Honduras.
Con todo y eso, el desafío pareciera ser mayor, ya que los enfrentamientos en las denominadas prisiones de máxima seguridad (La Tolva y El Pozo) no cesan desde el pasado 8 de abril cuando en los múltiples tiroteos un reo perdió la vida y 7 resultaron heridos.
En esa ocasión las reyertas tuvieron lugar en los recintos de Támara (norte de Tegucigalpa), en Morocelí (El Paraíso), Ilama (Santa Bárbara) y la cárcel de “Siria” en El Porvenir (Francisco Morazán).
“Voy a poner mano dura y orden en las cárceles hasta transformarlas en Centros Penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado”, escribió la mandataria en su momento.
OPINIONES DE SECTORES
La situación desde aquel día a levantado la opinión de diversos sectores políticos y sociales que consideran que las cárceles deben estar lejos de la población como es el caso del presidio en el municipio de Ilama, en el occidente del territorio.
Sin embargo, otros actores como el sociólogo Pablo Carías, señala que la ingobernabilidad en las cárceles es un fracaso en materia de seguridad.
Pero hay quienes creen que este escenario de violencia que continua en los presidios tiene un trasfondo más.
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, advirtió por su parte que existe “un complot” contra la Secretaría de Seguridad para que la administración de las cárceles vuelva a sectores que poco o nada hicieron cuando les tocó realizar su trabajo.
“Escape desde hospitales es el verdadero plan de maras”: Policía hondureña sobre reyertas
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) es de la opinión también que se debe implementar un plan nacional para reducir el hacinamiento en las cárceles del país en donde habría un excedente poblacional de 3,890 reos.
En primera instancia se mencionó que las pandillas 18 y MS-13 habían protagonizado dichas balaceras por preferencias en visitas conyugales, sin embargo, el pasado 21 de abril la Policía Nacional emitió un escrito en el que señala que “un escape desde los hospitales” es el verdadero plan de las maras.
Las autoridades penitenciarias en manos de policías, militares y civiles, cuestionan algunos, dejaron que los reclusos impusieran su autogobierno, al dejarles armarse y nunca bloquear los accesos a la telefonía móvil e internet.
DECÁLOGO DE 10 MEDIDAS
La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, en ese marco el pasado 18 de abril anunció al menos 10 acciones para recuperar el control de las cárceles en el país, asegurando que impulsará la inteligencia penitenciaria para mantener una vigilancia estricta de lo que sucede en todos los reclusorios.
Pero 24 horas después de anunciadas las medidas las revueltas se volvieron hacer presentes en “El Pozo” en donde siete pandilleros terminaron con lesiones productos de las detonaciones de bala. Aún así la ministra Villanueva prometió que en un año se verán buenos resultados.
Ramón Sabillón, titular de la Secretaría de Seguridad, expresó de su lado que la intervención carcelaria y el decálogo de medidas serán fuerte, pese a los desafíos de los privados de libertad.
Analista considera que Honduras debe ser “más firme” en desarme de reos en cárceles
En la contabilización de los medios de prensa se mencionó que en un mes se suscitaron alrededor de cinco enfrentamientos en el presidio de Ilama, reclusorio que los pobladores de ese municipio demandan sea cancelado.
Transcurrían 17 días de abril desde el primer “aleteo” múltiple cuando los medios hondureños indicaban que los reos continuaban armados, ya que el 25 de abril se suscitó la cuarta balacera en Santa Bárbara, con saldo de al menos dos privados de libertad heridos.
El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por unas 26 cárceles, alberga a 19,658 presos, cuando su capacidad máxima es de 8,000, y menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados, según cifras oficiales.
CAMPOS DE BATALLA Y CÁRCELES A LO BUKELE
El gobierno anunció construir dos cárceles de máxima seguridad en La Mosquitia, como una de las medidas del plan de seguridad en marcha desde diciembre y que incluyen un toque de queda en 143 municipios.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), externó su preocupación por los episodios de violencia y pidió “medidas urgentes” para garantizar los derechos de los privados de libertad.
Las pruebas generalizadas señalan que desde las cárceles se fraguan secuestros, extorsiones y otros delitos comunes en las ciudades del país en complicidad con la misma Policía y los carteles de la droga.
En este contexto, diversos sectores están reclamando mano dura en las cárceles y contra el crimen en general, al estilo del presidente Nayib Bukele, en El Salvador.
En el recuento de prensa se registraron al menos 26 heridos y un muerto en 4 balaceras en cárceles durante el mes de abril, siendo El Pozo el de más frecuente conflictividad:
7 heridos y un muertos el 8 de abril
7 heridos en El Pozo el 19 de abril
10 heridos en El Pozo el 21 de abril
2 heridos en El Pozo el 25 de abril
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