Radio América. Patrick Leahy, senador demócrata, presidente pro tempore del Senado de los Estados Unidos, pide a Xiomara Castro, «honrar compromiso de apoyar una CICIH independiente y poner a Honduras en el camino hacia la justicia real y la rendición de cuentas donde nadie esté por encima de la ley».
Sr. LEAHY. Señor Presidente, hoy se cumple un año de la elección de Xiomara Castro Sarmiento, la primera mujer en ocupar el cargo de Presidente de Honduras. Reemplazó a Juan Orlando Hernández, quien había desacreditado el cargo de presidente al confabularse con narcotraficantes, empresarios corruptos y otros delincuentes; abusando de su autoridad presionando a legisladores y jueces corruptos para desmantelar las instituciones de la democracia; y utilizando las fuerzas armadas y la policía para silenciar brutalmente a sus críticos. Los numerosos delitos cometidos por su gobierno estaban bien documentados, pero numerosos funcionarios estadounidenses lo trataron como un socio legítimo incluso después de su reelección robada en 2017, hasta que finalmente fue arrestado y extraditado a Estados Unidos.
La elección del presidente Castro le dio al pueblo de Honduras un nuevo sentido de esperanza de que finalmente ese período oscuro había quedado atrás. Que en lugar de buscar enriquecerse y aferrarse al poder, ella y su administración finalmente abordarían la pobreza extrema, la desigualdad, la injusticia, la impunidad y la inseguridad que han llevado a tantos hondureños a buscar una vida mejor y más segura fuera del país.
Ya han pasado diez meses desde que el presidente Castro asumió el cargo y su historial es mixto. Ha tomado una serie de pasos importantes para revertir las prácticas inapropiadas e ilegales de su predecesora y poner al país en un camino más brillante. Al hacerlo, se ha distinguido de sus contrapartes en El Salvador y Guatemala, quienes han optado por continuar por el oscuro camino del autoritarismo, la corrupción y la impunidad. Pero mientras su administración enfrenta todos los desafíos imaginables, ninguno es más urgente y necesario que revertir el asalto de la administración de Hernández a la independencia del Poder Judicial y el estado de derecho. Bajo el presidente Hernández, el concepto mismo de justicia se puso patas arriba. Cualquiera con dinero podría salirse con la suya prácticamente en cualquier cosa, incluido el asesinato, y el gobierno podía arrestar y encarcelar a cualquiera con impunidad. La gran mayoría de los crímenes quedaron impunes.
Reconociendo la necesidad de establecer la confianza del público en los tribunales y la Fiscalía General, una de las promesas más importantes de la presidenta Castro durante su campaña fue crear una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), para suceder a la extinta Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) que fue clausurada por el presidente Hernández. Sin embargo, casi un año después de su elección, no se ha firmado un acuerdo formal entre las Naciones Unidas y Honduras, o Convenio, para establecer una CICIH independiente.
Una de las lecciones que han aprendido los pueblos centroamericanos es que la única forma de instaurar el estado de derecho y acabar con la impunidad en sus países es con la participación activa de instituciones y expertos internacionales, y el compromiso inequívoco de los funcionarios locales. A pesar de los millones de dólares invertidos por Estados Unidos y otros países donantes, ese compromiso local faltó para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la MACCIH en Honduras. Cada uno de ellos fue señalado por los exlíderes de esos países como prueba de su compromiso con el estado de derecho. Sin embargo, cada uno era vulnerable a la manipulación, y esos mismos líderes cerraron cada uno cuando quedó claro que ellos mismos podían ser responsables de sus crímenes.
Considerando cuán fácilmente la CICIG y la MACCIH fueron saboteadas por los líderes anteriores de esos países y cuánto está en juego el pueblo de Honduras y el desarrollo futuro del país, nada es más importante que establecer firmemente una cultura de respeto por el estado de derecho y por aquellos cuyo trabajo es administrarlo.
Hacerlo tomará años, pero el primer paso esencial en ese proceso es que la administración de Castro complete las negociaciones con las Naciones Unidas y firme un Convenio para la instalación de una CICIH totalmente independiente encabezada por un Comisionado con la experiencia necesaria, profesionalismo, e integridad, seleccionados por las Naciones Unidas.
Un Comisionado independiente trabajará con las autoridades judiciales locales para aplicar la ley a los hechos, donde sea que conduzcan. Las soluciones parciales pasadas solo dieron como resultado dinero desperdiciado, pérdida de tiempo y denegación de justicia. Solo después de la firma de dicho Convenio, lo que debería ocurrir sin más demora, el pueblo hondureño y la comunidad internacional tendrán confianza en que la Presidenta Castro cumplirá su palabra y que Honduras finalmente estará en el camino hacia la verdadera justicia y rendición de cuentas.
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Con información de Javier Rivera.
