Radio América. Sala II del Tribunal de Sentencia declaró no a lugar la solicitud de Sobreseimiento Definitivo para el comisionado de la PolicÃa Nacional, Leonel Sauceda, por lo que su proceso se desarrollará de manera normal, realizando el juicio oral y público del 10 al 14 de enero del 2022.
Asimismo, se declaró a lugar la solicitud de Sobreseimiento definitivo para la ciudadana Patricia Estrada Pacheco, dicha resolución fue dictada en base a la reforma de la Ley de Lavado de Activos.
El ente acusador del Estado de Honduras indicó que durante el juicio oral y público pues podrá acreditar un delito precedente del delito de lavado de activos y por esa causa no se ha dado el sobreseimiento definitivo para el comisionado, indicó una fuente judicial.
Antecedentes
Sauceda, fue capturado en su casa en la capital hondureña, junto a su esposa, en una operación de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
De acuerdo con información oficial, Sauceda, quien ingresó a la PolicÃa Nacional el 22 de enero de 1992, no ha podido justificar, en un perÃodo de once años, 13,8 millones de lempiras (unos 556.000 dólares), registrados en 13 cuentas bancarias a nombre suyo.
Además, la esposa de Sauceda, quien según el Ministerio Público, no tenÃa empleo, negocio o préstamo para generar algún ingreso, no pudo justificar 2,7 millones de lempiras (108.783 dólares), luego de varios movimientos financieros de 7 millones de lempiras (282.030 dólares) en diez cuentas bancarias a su nombre, sin determinar el origen del dinero.
«Es asà que el informe financiero y patrimonial elaborado por la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio Público, estableció que los productos financieros, bienes muebles e inmuebles obtenidos e inversiones realizadas, carecen de fundamento económico legal, pese a que el desglose salarial del acusado en la fase investigada, asciende a casi seis millones de lempiras (241.740 dólares), sin deducciones», señaló el Ministerio Público.
El Ministerio Público en su momento indicó que procedió al aseguramiento de varios bienes de origen ilÃcito, ocho de ellos muebles e inmuebles, entre ellos dos vehÃculos, y 23 que corresponden a productos financieros, propiedad de los imputados.
Se suman tres terrenos en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro (norte), de una extensión de unas 142 hectáreas.
Información: Estela Rovelo
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