Radio América. El llamamiento de la presidenta Xiomara Castro a movilización el 29 de agosto a los bajos del Congreso Nacional, es un recordatorio del derecho constitucional y político que tienen los hondureños, para exigir que no se retrase la elección del Fiscal General y del Fiscal Adjunto de la República, señaló este lunes el sociólogo, Armando Orellana.
«Es un recordatorio al ciudadano de que la democracia en Honduras no solamente es representativa, sino también participativa, y, en medio de las decisiones, se debe contar con los ciudadanos frente a las maniobras, dilatorias y distractores que han venido dándose en el Congreso, por eso se hace una lectura de que hay una intención de atrasar o condicionar el proceso de elección del Fiscal General, para que se mantenga el actual Óscar Fernando Chinchilla», aseveró el entrevistado.
No obstante, el profesional de la sociología mencionó el otro elemento de imponer bajo criterios de presión fiscales no mejores calificados: «Dentro de los cincos candidatos se dice que están las personas idóneas, y, para mis todas las fuerzas políticas deben coincidir en que la abogada Jenni Almendares debería ser la nueva Fiscal de la República», arguyó Orellana.
Pese a los ánimos caldeados en el hemiciclo legislativo, en ese contexto, el entrevistado cree que, en la medida que la ciudadanía se movilizar, pues se hace sentir a la presión a los que supuestamente están en insurrección (Partido Nacional) para que cumplan con el mandato constitucional de elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó este viernes a sus compatriotas a movilizarse el próximo 29 de agosto para exigir la elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto antes de septiembre próximo, cuando finalizarán su mandato las actuales autoridades del Ministerio Público.
«Como presidenta de la República de Honduras convoco al pueblo a una movilización a nivel nacional el martes 29 agosto, vamos a exigir que se cumpla con el mandato de elegir a las autoridades del Ministerio Público”, dijo Castro durante la inauguración de una cancha de fútbol.
El Parlamento de Honduras recibió a comienzos de agosto una lista de cinco nominados para elegir al nuevo fiscal general del país y el fiscal adjunto, que fueron seleccionados por una junta proponente.
La presidenta hondureña indicó que el Parlamento de su país está «bajo ataque» y señaló que la semana anterior ese poder Legislativo «fue sometido a un boicot» por parte de personas que «no quieren transparencia, se oponen al combate a la corrupción y quieren impedir la elección del fiscal general y fiscal adjunto como ordena la Constitución”.
Los dos nuevos fiscales deben ser electos por una mayoría de al menos 86 diputados del Parlamento, en el que no tiene mayoría el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre).
Información: Nelson Murillo
PUEDE INTERESARLE: Sociólogo: Llamado de la Presidenta a movilización es un derecho de los hondureños para no atrasar la elección del Fiscal General
