Radio América. El secretario del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, manifestó en las últimas horas que es falsa la versión surgida de que las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) en Honduras no tendrán extradición.
En ese sentido el diputado del Partido Nacional señaló que la extradición de hondureños “sí estará vigente” en la aplicación de la polémica normativa, misma que un gran sector de la sociedad considera lesiva a la soberanía.
Al respecto ha sido consultado por Radio América este viernes el abogado y analista, Raúl Pineda Alvarado, quien ha manifestado que desde el punto de vista teórico el argumento del parlamentario es válido “pero habría que subrayar la intención de la Ley Orgánica”.
El profesional del derecho señaló que basta leer la redacción del numeral tercero del Artículo 41 de la Ley Orgánica de las ZEDE.
En la misma se estaría generando un precepto para que la vigencia de la Ley que permite la aplicación del Código Penal, la extradicion, narcotráfico o trata de personas “queden a criterio discrecional” de la legislación de las ZEDEs una vez las tenga el Comité de buenas practicas o de administración.
Lo que representa un riesgo, dijo Alvarado, quien agregó que la mala intención es evidente y lo que corresponde es su derogación porque detrás de ese proyecto hay intenciones oscuras.
El especialista apuntó que la legislación hondureña tiene validez mientras las “ciudades modelo” no hagan las suyas propias.
No obstante, expresó, llevan el cinismo hasta el extremo que claramente el inicio del artículo 41 dice que sólo se aplicará a la legislación que tiene que ver con los símbolos nacionales, el mar territorial y el resto en materia penal.
“Lo que quiero subrayar es que no veo la relación entre un proyecto orientado a darle trabajo a los hondureños. No veo el nexo causal”, acotó.
Pineda Alvarado dijo en ese sentido que dista el ámbito espacial de competencia de las ZEDE entre la forma de beneficio de inversión y generación de empleo con la facilidad de esta normativa.
“Eso no tiene sentido y de forma natural genera suspicacia, reservas, sospechas y malestar, aunque desde el punto de vista técnico y jurídico sea una norma explicable”.
El analista no descarta en ese sentido que desde las ZEDE se pueda legislar en beneficio del crimen organizado.
“La mala intención -con la creación de las ZEDE- es por demás evidente y lo que corresponde es la derogación de la ley que contiene una serie de aberraciones que confronta con la Constitución de la República”, dijo.
Alvarado reconoce que el razonamiento del secretario del Congreso, Tomás Zambrano, es declarativamente correcto, sin embargo, en el mundo de la práctica “se rige por acciones de poder”.
