Radio América – EFE. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este martes que fueron trasladados 2.000 pandilleros más a la cárcel de alta seguridad del paÃs llamada Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot), con capacidad para 40.000 miembros de estas estructuras criminales y que, de acuerdo con el mandatario, es «la más grande de América».
El mandatario publicó en X que los miembros de estas bandas fueron trasladados desde las prisiones ubicadas en Izalco (occidente), Ciudad Barrio (oriente) y San Vicente (centro).
Aseguró que en el Cecot «pagarán por los crÃmenes cometidos contra nuestro pueblo; incomunicados con el exterior, sin posibilidad de salir, ni de ordenar crÃmenes desde la cárcel».
Hasta antes de la publicación de Bukele, las autoridades de Seguridad del paÃs centroamericano no habÃan informado sobre el movimiento de reos y se desconocen los detalles de este traslado.
El mandatario no detalló cuántos pandilleros se encuentran en dicho centro penitenciario, de 23 hectáreas y que fue inaugurado a finales de enero del año pasado.
Tercer traslado de pandilleros al Cecot
Este serÃa el tercer movimiento de pandilleros al Cecot. El primero se dio a finales de febrero del año pasado y el segundo poco después en marzo.
La construcción de esta prisión se dio entre crÃticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitÃa saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
La construcción de la infraestructura se dio en el marco de un régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres dÃas, y que se ha ampliado en 26 ocasiones por periodos de 30 dÃas a petición del Gobierno.
Miles de detenciones
De acuerdo con los datos oficiales, en este contexto suman más de 80.000 las detenciones, de las que más de 7.000 personas habrÃan salido en libertad condicional.
El Gobierno atribuye a este régimen, que suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las comunicaciones, gran parte de la disminución de la violencia.
Las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos en este contexto, principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta de duración.
Esta medida, que logró acentuar la disminución de los homicidios comenzada en 2016 por anteriores administraciones, goza de amplia popularidad y fue la principal bandera de Bukele para conseguir su reelección inmediata, a pesar de que lo prohÃbe la Constitución. EFE.
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