Radio América. La transición de la educación al mercado laboral constituye un componente esencial para el avance en lo económico y social, pero en países en vías de desarrollo como Honduras», detalló un informe de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El proceso suele verse obstaculizado por una desconexión estructural entre el sistema de educación superior y las demandas del mercado.
Tal situación se traduce en altas tasas de desocupación y subocupación juvenil, un problema crónico en la región que perpetúa ciclos de pobreza y limita la capacidad productiva del país.
En las últimas décadas, Honduras ha logrado ampliar el acceso a la educación superior; sin embargo, culminar una carrera universitaria no siempre garantiza un empleo estable ni bien remunerado.
La UNESCO advierte que este fenómeno es global: la masificación de la educación terciaria, junto con la
transformación tecnológica, la digitalización de los procesos productivos y la creciente demanda de experiencias prácticas, han ampliado la brecha entre lo que las universidades enseñan y lo que realmente requiere el mercado laboral.
En muchos contextos, este desajuste se traduce en sobre-educación, es decir cuando los graduados trabajan en ocupaciones de menor cualificación o infra-educación, cuando los empleadores no logran encontrar candidatos con las competencias necesaria, ambos con consecuencias negativas para el crecimiento económico y la cohesión social.
Oferta académica
La problemática es compleja, ya que por un lado, la oferta académica de las instituciones de educación superior no siempre responde con agilidad a los cambios en la estructura productiva, lo que mantiene programas obsoletos y retrasa la actualización curricular.
A ello se suma que la formación de los estudiantes no se centra lo suficiente en habilidades transversales, como pensamiento crítico, resolución de problemas, adaptabilidad y comunicación efectiva, entre otras, que hoy son altamente valoradas en contextos laborales volátiles y digitalizados.
Por otro, los mercados laborales de numerosos países en desarrollo siguen caracterizados por una estructura productiva de bajo valor agregado y altos niveles de informalidad, lo que restringe la generación de empleos de calidad capaces de absorber a los graduados y poner en práctica sus competencias.
El Banco Mundial (2018) ha señalado que la calidad, la pertinencia y el acceso equitativo a la educación son factores decisivos para cerrar la brecha de habilidades y enfrentar la llamada “pobreza de aprendizaje”, que no solo alude al acceso a la escuela o a la universidad, sino también a la insuficiencia de competencias necesarias para desenvolverse en economías modernas y globalizadas.
Inversión humana
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) coincide en que la inversión en capital humano resulta ineficaz si no va acompañada de políticas de diversificación productiva, creación de empleos formales e impulso a la innovación.
En consecuencia, la transición educación–empleo e muchos países no solo depende de reformar los sistemas educativos, sino también de transformar las estructuraseconómicas que los rodean.
En Honduras, la desconexión entre el sistema de educación superior y el mercado laboral se expresa de forma aún más marcada debido a la estructura productiva del país, caracterizada por altos niveles de informalidad, baja productividad y limitada diversificación.
Aunque la tasa de desempleo juvenil
abierto se mantiene en torno al 10%, la verdadera dificultad radica en la calidad del empleo, dado que la mayoría de los jóvenes que logran insertarse en el
mercado lo hacen en ocupaciones informales, inestables y con ingresos insuficientes, muchas veces desvinculadas de su área de formación (Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales [IIES-UNAH], 2024; Banco Mundial, 2025).
Desafío
El desafío, por tanto, no es únicamente acceder a un empleo, sino garantizar que este ofrezca seguridad, movilidad social y un uso adecuado del capital humano.
La desvinculación entre educación y empleo es un fenómeno compartido en Centroamérica. En Costa Rica y Panamá, el dinamismo de sectores tecnológicos, de servicios globales y de logística ha favorecido una mayor absorción de jóvenes en empleos formales.
Sin, embargo se reflejan en tasas de desempleo juvenil relativamente similares, entre un 17% a 19%, en 2024.
En contraste, países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua, al igual que Honduras, registran altos niveles de informalidad y limitada diversificación productiva; allí, el desempleo juvenil oscila entre el 3.0% al 13%, pero lo más preocupante es que más del 60% de los jóvenes empleados lo hacen en condiciones de informalidad.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2024), se evidencia una paradoja que refleja esta desconexión entre la educación y mercado laboral, en donde, la tasa de desempleo entre quienes cuentan con educación media (7.61%) y superior (7.16%) es significativamente más alta que la registrada entre las personas con educación primaria (3.83%).
Este patrón, que además supera el promedio nacional de 5.2%, demuestra que una mayor formación académica no
garantiza un acceso estable al empleo.
Si bien los profesionales suelen percibir ingresos promedio más elevados que otros segmentos de la población, el número de plazas que corresponde con su nivel de calificación resulta limitado.
Este fenómeno no solo frustra las expectativas de los jóvenes graduados, sino que también implica una subutilización del capital humano, restringiendo las posibilidades de crecimiento económico y de innovación en el país.
Inserción laboral
A esta paradoja se suma la evidencia sobre el tiempo promedio de búsqueda de empleo, que muestra cómo la inserción laboral se vuelve más lenta conforme aumenta el nivel educativo, ya que, mientras las personas sin estudios logran incorporarse en alrededor de 1.5 meses, aunque en su mayoría en ocupaciones informales y de baja calidad, quienes alcanzan la educación media o superior enfrentan periodos de espera superiores a tres meses.
Este comportamiento revela no solo la escasez de empleos formales acordes con las competencias adquiridas, sino también la fragilidad del sistema
productivo para absorber capital humano calificado.
La consecuencia inmediata es la consolidación de un círculo de subocupación y desaprovechamiento del
talento, que reduce las posibilidades de movilidad social y limita la capacidad del país para transformar la inversión en educación en mayores niveles de
productividad y desarrollo económico.
En este contexto, el Diagnóstico de Sistema de Mercado (DSM 2024) confirma que los avances en materia de fuerza laboral y empleo han sido moderados.
Con una calificación de 55.4 sobre 100, este componente muestra que, aunque existen señales de mejora, persisten debilidades en áreas estratégicas como la formación profesional, el desarrollo de habilidades y la migración laboral.
Además, se destaca que, si bien la proporción de empresas que consideran la falta de talento humano como obstáculo disminuyó de 34.1% en 2022 a 29.3% en 2024, aún una de cada tres empresas enfrenta dificultades para encontrar personal calificado, lo que evidencia un estancamiento más que un cambio estructural.
A ello se suma una tendencia preocupante, ya que la proporción de empresas que capacitan a su personal cayó de 41.4% en 2022 a 37.7% en 2024, debilitando la capacidad de actualización de la fuerza laboral frente a los cambios tecnológicos y productivos.
Este retroceso convierte a la formación laboral en un factor limítrofe con respecto a la tecnología, con alta influencia y deterioro reciente, lo que lo posiciona como un punto de atención estratégica.
Los resultados del DSM muestran contrastes significativos entre educación y mercado laboral, por un lado, la percepción empresarial sobre los egresados universitarios ha mejorado, dado que la proporción de empresas que los consideran con las competencias necesarias aumentó de 38% en 2022 a 49% en 2024, mientras que quienes los evaluaban como “nada capacitados” se redujeron de 7.4% a apenas 0.6%.
Este cambio sugiere que las universidades han logrado avances en la pertinencia de su oferta académica, aunque todavía enfrentan el reto de consolidar su vinculación con el sector productivo.
Por el contrario, los centros de formación profesional, como el INFOP, presentan un panorama más complejo: si bien creció la proporción de empresas que consideran a sus egresados “muy capacitados” (de 18% a 24%), también aumentó de 12.4% a 17% la percepción de que carecen de competencias, lo que refleja un deterioro en la valoración global de su efectividad.
Este contraste revela una mayor capacidad de adaptación del sistema universitario a los cambios productivos, frente a la creciente obsolescencia de los
modelos de formación técnica, aún rezagados en responder a las nuevas exigencias del mercado.
Mientras las universidades avanzan gradualmente hacia una oferta más pertinente, los centros de capacitación requieren una revisión integral de sus planes de estudio, metodologías y vínculos con el sector privado.
En ambos casos, el desafío es evidente: sin una verdadera articulación entre educación y empleo, la productividad nacional seguirá limitada y los jóvenes continuarán enfrentando barreras estructurales para incorporarse a un mercado laboral formal, dinámico y competitivo.
Ante este escenario, resulta pertinente destacar una serie de recomendaciones orientadas a identificar y atender de manera oportuna las debilidades estructurales que persisten en la articulación entre educación y empleo.
Entre las principales recomendaciones se subrayan: 1. Realizar una revisión integral de los planes de estudio, orientada a la transformación productiva y a las nuevas demandas del mercado laboral, mediante la incorporación de competencias digitales, técnicas y transversales, misma que debe complementarse con microcredenciales y programas cortos de rápida inserción, que fortalezcan la empleabilidad juvenil y faciliten la adaptación continua del capital humano a un entorno económico dinámico y competitivo.
2. Fortalecimiento de los mecanismos de vinculación laboral mediante la articulación de estudiantes, universidades y empresas a través de pasantías, formación dual y esquemas de contratación inicial con incentivos para las MIPYMES, que faciliten la transición de los jóvenes al mercado formal.
3. Fortalecer los programas de Alumni para consolidar redes entre egresados, estudiantes y empleadores, ofreciendo orientación profesional, mentorías y bolsas de trabajo que reduzcan los meses de búsqueda e impulsen la inserción en empleos de calidad.
4. Impulsar una articulación más estrecha entre el Estado, el sector empresarial y las instituciones de educación superior para diseñar políticas públicas que fortalezcan la empleabilidad juvenil y mejoren la inserción en el mercado laboral formal.
El desafío de insertar a los egresados en empleos de calidad es, por tanto, una tarea colectiva que exige reformas estructurales y sostenidas en el tiempo.
En este proceso, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) continuará impulsando investigaciones que sirvan como insumo para el diseño
de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones del mercado laboral y a garantizar que el talento joven pueda convertirse en motor del desarrollo económico y social del país.
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