En mi artículo “Venezuela en el abismo” (La Tribuna, junio de 2017), expresaba que “la OEA es una organización política regional en el marco de las Naciones Unidas, pero que responde políticamente al que mayor número de votos tiene en su poder.
Hace 9 años Hugo Chávez jugaba con la OEA y su Secretario General…”. Pudimos contemplar, con sorpresa, cómo en el 2009 el gobierno del señor Obama hacía causa común con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, contra Honduras.
Hoy, en el caso de Venezuela, se califica como legítima la presidencia del señor Juan Guaidó, por decisión de la Asamblea Nacional, conforme a su Constitución, la aprobada por el mismo régimen chavista en 1999.
A pesar de la oposición mayoritaria interna y que cada vez mayor número de países condenan la represión de la satrapía de Nicolás Maduro, el régimen continúa en su acción violenta contra la oposición desarmada, se intensifican las detenciones arbitrarias y los presos políticos por medio de los “colectivos” o grupos civiles armados por la dictadura.
La represión normalmente no se imputa a la fuerza armada, si no que a las milicias partidarias del régimen que se estima cuenta varios miles de hombres.
Por tal motivo, la pacificación de Venezuela comienza por la desarticulación de las milicias partidarias, su desarme y control de su armamento por una comisión de las Naciones Unidas.
La decisión de que dichos colectivos sean desarmados corresponde a la Asamblea Nacional y ejecutarlo a la Fuerza Armada Bolivariana para que solo haya una entidad con el monopolio de las armas bajo mando vertical, como corresponde según la Constitución de Venezuela. Solo de esa manera puede la fuerza armada constituirse en garante del proceso de transición democrática.
Logrado ese propósito, la Asamblea Nacional y su presidente deberán poner en marcha toda la estructura jurídica institucional para convocar a unas elecciones democráticas.
La polarización en Venezuela ha sido tan intensa que, algunos de sus jerarcas aunque se acojan a la amnistía que ofrece el presidente Juan Guaidó, difícilmente podrían continuar viviendo en Venezuela, por lo que Naciones Unidas tendría que explorar países donde pudieran establecerse. En el Continente Americano, además de los que han sido solidarios con el señor Maduro (Cuba, Nicaragua y Bolivia), podrían considerarse México y Uruguay que se han ofrecido como mediadores en el conflicto.
Lograda la cohesión política interna para la transición democrática, la urgencia es atender la crisis humanitaria y rescatar la economía de Venezuela que cabalga con una inflación de 10 millones por ciento según el Fondo Monetario Internacional.
¿Cuál habría sido la suerte de Honduras si se hubiera agregado a los países amantes del socialismo del siglo XXI?
Nuestra situación no es de miel sobre ojuelas, pero aunque de aquí salgan caravanas de migrantes sin que se sepa quién las financia y las publicita a escala mundial, de Venezuela han salido más de 5 millones en una diáspora desesperada por razones económicas, humanitarias y de persecución política.
El contraste es que Venezuela es uno de los países con mayores riquezas naturales en sus entrañas, mientras en Honduras no hemos descubierto petróleo rentable hasta ahora, gran parte de nuestras divisas se consumen en la importación de derivados del petróleo y el sector de la minería está amenazado de desaparecer por la acción de sectores extremistas financiados desde el extranjero.
Pero a Dios gracias, ya era hora de que en Venezuela comenzara a brillar la luz de la democracia y se eclipsaran hasta desaparecer los últimos zarpazos de una tiranía deshumanizada que destruyó económica, política y moralmente a uno de los países más prominentes del Continente Americano.
