La Comisionada de los Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, dijo este martes que la violencia contra periodistas y demás empleados de medios de comunicación se constituye en «una forma de violencia extrema», y que entre 2001 y 2023 al menos 97 comunicadores han muerto de manera violenta.
«La violencia contra un periodista no es solo una agresión contra esa persona en particular, sino que es un ataque contra toda la sociedad», indicó Izaguirre en un comunicado, en la víspera del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora este miércoles.
Agregó que el ejercicio del periodismo solo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo ejercen no son víctimas de amenazas, atentados, ni de agresiones físicas, ni otros actos de hostigamiento.
La ombudsman hondureña señaló además que la violencia contra los periodistas pone en riesgo su integridad personal, su vida y la libertad de pensamiento, de información y de expresión.
Según registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), entre 2001 y 2023 unos 80 medios de comunicación han sido afectados por la muerte violenta de uno o más de sus trabajadores Entre 2022 y lo que va de 2023, el ejercicio periodístico en Honduras quedó marcado por una serie de hechos violatorios a la libertad de expresión que van desde amenazas, agresiones, atentados, hostigamiento, intimidación, detenciones arbitrarias y la muerte violenta de seis personas vinculadas a los medios de comunicación, entre periodistas, locutores y camarógrafos, afirmó el Conadeh.
Durante ese período, varios miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, autoridades municipales y personas particulares, fueron acusados de haber agredido a periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación, añade el comunicado.
Del análisis de los hechos registrados, según el Conadeh, «es evidente que aún persisten las violaciones a las libertades de prensa y de expresión, por parte de agentes del Estado y particulares».
Del total de crímenes contra el periodismo hondureño desde 2001, más del 90 por ciento están impunes.
En opinión de Izaguirre, «Honduras sigue siendo un país sin justicia para las víctimas, ni castigo para los victimarios, al registrar, en los últimos 16 meses, cero sentencias condenatorias, que dejan de manifiesto la persistencia de la impunidad en el país».
Además, considera que el Estado está en la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de medios.
«La obligación de investigar, juzgar y sancionar penalmente exige que el Estado hondureño investigue la violencia contra periodistas y demás trabajadores de medios, sin demora, y emplee todos los medios legales disponibles con la finalidad de esclarecer la verdad y asegurar que se identifique, juzgue y castigue a los agresores», dijo Izaguirre. EFE
