Radio América. Ante la posibilidad de avance del proceso de apertura económica en algunos municipios del país, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, reiteró que esta debe estar ajustada a salud, vida y bienestar de las personas, de la cual depende la capacidad productiva y el desarrollo nacional.
Ante esta propuesta, el Ombudsman hondureño dijo que “sólo el control de la curva contagio de la enfermedad COVID-19, basada en evidencia científica y en el derecho humano a la salud, puede orientar objetivamente el ritmo de apertura, gradual y responsable, la cual debe estar acompañada de medidas individuales de bioseguridad; de la contención y el control comunitario de la enfermedad; y de medidas colectivas de protección social para personas en situación de pobreza o grupos vulnerables”.
“La decisión sobre el avance de la apertura, implica responsabilidades estatales, empresariales, de actores relevantes en toma de decisiones, y de los mismos ciudadanos y ciudadanas, en materia de salud, vida y bienestar de las personas y comunidades”, expresó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres.
De acuerdo a las cifras oficiales, en Honduras se contabilizan hasta la fecha 73, 849 casos positivos de COVID-19; 25, 728 personas que se han recuperado y ya registra 2,271 fallecimientos por la enfermedad.
