Radio América. Honduras volvió a quedar fuera de los beneficios de la Cuenta del Desafío del Milenio. El país reprobó nueve indicadores de 20 que estipula este programa para el año fiscal 2023.
El abogado Mario Castro, dijo que esta es una triste noticia para Honduras porque no tendrá acceso a los beneficios económicos que la Cuenta del Milenio otorga.
Pero expresó que también es un mensaje para la presidenta Xiomara Castro para que dé instrucciones para modificar o reformar en el Congreso Nacional las leyes y decretos que crean impunidad.
De reformarse las leyes denominadas “pactos de impunidad”, considera que se acortaría el tiempo de llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
Castro dijo que la comisión internacional no va a tocar actos de corrupción del presente año, sino del pasado porque ahí fue donde dilapidaron la economía del país.
“A mi criterio, la presidenta de la República debe ser más abierta en ese sentido y presentar las iniciativas para que se modifiquen leyes para que la Cuenta del Milenio vuelva a retomar la confianza en las autoridades hondureñas», declaró.
El también excandidato a diputado por el Partido Liberal, aseguró que los de la Cuenta del Milenio también están atentos a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Por lo que la Junta Nominadora tiene la responsabilidad de hacer una «cirugía» de candidatos para ver cuál ha sido su conducta, agregó.
Posible demanda contra el Estado de Honduras
El profesional del derecho manifestó que todo lo que nace mal termina mal, y en ese sentido dijo que la reforma al artículo 329 de la Constitución de la República que dio vida a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la reformó el Congreso Nacional.
“Pero no tenían autorización, la reforma de ese artículo solo le correspondía al constituyente. Cuando escucho que van a construir ZEDE que son otros territorios, me pregunto si los inversionistas no saben que en Honduras no se puede vender la soberanía y que el artículo 329 no puede ser modificado, solo por una Constituyente y aquí no hubo una y fue modificado”, reprochó.
Los representantes de la ZEDE Próspera ubicada en Roatán, Islas de la Bahía, estarían demandando al Estado de Honduras por 10 mil 700 millones de dólares por daños y perjuicios.
El experto en leyes sugiere, de llegar a realizarse la demanda, presentar una reconvención a la misma por los daños y perjuicios que le han causado a la soberanía nacional del Estado de Honduras.
“Hay otra posición: es mejor un mal arreglo que un buen juicio, pero hay que sentarse y buscar los controles de equilibrio que no afecten los intereses de país”, concluyó.
Con información de Javier Rivera
