Radio América. Al menos 240 personas han muerto en los centros penales en la última década, situación que demuestra que el gobierno no da garantía de seguridad a los privados de libertad, lamentó este viernes la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas.
En ese contexto, la entrevistada expresó que lastimosamente las cárceles son un problema en el país, y dijo que los privadas de libertad merecen el respeto a sus derechos humanos, por lo que citó que el artículo 5 de la Ley Penitenciaria establece que deben desarrollarse medidas de rehabilitación y reinserción social de los reclusos.
Para Ayestas, «no es posible» que a los reos no se les brinde lo que ellos necesitan, debido a que tales personas viven condiciones de hacinamiento, en situaciones precarias de salud, alimentación y agua, y ante eso, demandó la importancia de establecer que en los centros carcelarios se dan cosas que afectan y ponen entredicho la administración penitenciaria de Honduras.
La funcionaria del Observatorio Universitario informó que 240 han sido víctimas de la violencia ocurrida en los reclusorios en la última década, sin olvidar que en las prisiones suceden homicidios múltiples como la reyerta suscitada en la considerada cárcel de «máxima seguridad» de La Tolva de Morocelí, El Paraíso, en donde cinco reos murieron y cerca de una cuarentena resultaron heridos.
Con los hechos violentos ocurridos ayer jueves en La Tolva ya son 24 asesinatos múltiples con un saldo de 84 víctimas por la inseguridad que impera en las cárceles hondureñas.
La entrevistada lamentó que los reos pobres o sin educación no tengan un defensor público o privado para que se encarguen de sus procesos judiciales.
Ingreso de armas de fuego
A Migdonia Ayestas no dejó de preocuparle el ingreso de armas de fuego en las prisiones por la posible colusión de las autoridades de seguridad y de las familias de los privados de libertad que introducen en los alimentos hasta droga y otras cosas.
La entrevistada puso entredicho la «impermeabilidad» del ingreso de armas en las llamadas cárceles como El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, en La Tolva de Morocelí y en el centro penal de El Porvenir, Francisco Morazán, en estas dos últimas ha ocurrido la mayores actos de violencia u homicidios múltiples del país.
Ante la problemática penitenciaria la titular del OV-UNAH es del criterio que debe analizar el presupuesto y la estructura del sistema carcelario, y destacó que en seis centros penales no ocurren asesinatos, por tanto, sugirió a las autoridades llevar a cabo una reclasificación de los privados de libertad de acuerdo a sus acciones delincuenciales.
Para finalizar, la funcionaria universitaria propuso que las pandillas como «Los Paisas», la Mara MS-13 y la 18 deben estar en módulos especiales para evitar las reyertas, amotinamientos o confrontaciones entre las bandas criminales en los centros penales del país.
Información: Edilson Banegas
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