Radio América. Un grupo de empresarios y miembros de sociedad civil han presentado en las últimas horas un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra las acciones del Congreso Nacional que “violentan gravemente” los derechos constitucionales del país.
La lista la componen al menos 50 personas de diversas profesiones, entre ellos, abogados, empresarios, docentes universitarios, analistas, economistas, ingenieros, estudiantes y exfuncionarios de gobierno.
“Comparecemos ante esta Sala de lo Constitucional como recurrentes. De este modo, Georgina Sierra Carvajal en nombre propio y de estas personas agraviadas, en mi condición de doctora en derecho constitucional y abogada, presento acción de amparo contra actos o hechos cometidos por el Congreso Nacional que violentan gravemente derechos constitucionales”, señala el escrito.
Todo ello, indica el documento, con base a las consideraciones, pruebas y argumentos jurídicos.
Lo que se impugna en este amparo son actos o hechos cometidos por un poder público con “demostrada arbitrariedad”, se precisa.
En el mismo se señala que los diputados propietarios y sus suplentes que discutieron y aprobaron la entrada en vigor del nuevo Código Penal, tenían la prohibición legal de ejercer cualquier función legislativa relacionada a la norma.
Los demandantes alegan que los parlamentarios tenían un indiscutible conflicto de interés y un interés directo que desembocó en un incumplimiento de la ley.
Los hechos se concretan a partir del 25 de junio del 2020, cuando la autoridad recurrida “forzó” la entrada en vigor del nuevo código penal, incluso dentro de un estado de excepción, enfatiza el documento.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y otras instituciones del país consideran el nuevo Código Penal lesivo para los derechos humanos y el combate de la corrupción.
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