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Axel López habría obtenido «utilidades superiores a los $20 millones» a cambio de entregar 7 hospitales móviles

Axel López habría obtenido "utilidades superiores a los $20 millones a cambio de entregar al Estado de Honduras 7 hospitales móviles"

Axel López habría obtenido «utilidades superiores a los $20 millones» a cambio de entregar 7 hospitales móviles

El Ministerio Público este jueves presentó requerimiento fiscal contra el intermediario de la compra de hospitales móviles, el guatemalteco Axel López, gerente de la empresa Elmed Medical System, por los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública a título de «cooperador necesario».

Asimismo, presentó requerimiento fiscal contra el exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, y el exadministrador, Alex Moraes, acusados de dos delitos de fraude y uno de violación a los deberes de los funcionarios, implicados en la compra de siete hospitales móviles por unos 47,5 millones de dólares para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Según investigaciones de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal y la ATIC, los detenidos compraron entre marzo y abril de 2020 siete hospitales móviles, en Turquía, de «manera directa y fraudulenta» a través de López.

Los exfuncionarios pagaron de «manera anticipada el cien por ciento del precio, sin que dicho proveedor tuviera la capacidad técnica y financiera requerida, sin estipular el otorgamiento de las garantías correspondientes para salvaguardar los intereses económicos del Estado y sin previa autorización del Consejo Directivo de Invest-H», añadió.

El guatemalteco Axel López habría obtenido «utilidades superiores a los 20 millones de dólares a cambio de entregar al Estado de Honduras 7 unidades hospitalarias», señaló.

Los hospitales móviles, que llegaron al país entre julio y noviembre pasado, de los que hasta ahora solamente dos están en servicio, «no reúnen las condiciones requeridas para el aislamiento y tratamiento de personas afectadas por el virus covid-19», precisó el organismo.

El caso supone un «enorme daño para la salud del pueblo hondureño y el patrimonio público que se ha visto afectado por el orden de 47,5 millones de dólares», agregó.

Los acusados fueron arrestados por primera vez el 5 de octubre pasado por el «delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública», dos días después fueron liberados y puestos en situación de arresto domiciliario.

Fiscal General

El fiscal general, Óscar Chinchilla, dijo que el requerimiento fiscal contra Bográn y Moraes se presentó luego de concluir una «investigación seria, responsable, rigurosa y muy minuciosa».

Señaló que el Ministerio Público demostrará que «las compras fueron hechas al margen de la ley, sin un contraste de oferta y proveedores, sin garantías de calidad, de cumplimiento, de mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación y sin observar la garantía de pago».

Según la investigación, añadió Chinchilla, el equipo comprado «está sobrevalorado y no cumple la función de atender pacientes con covid-19 por problemas de diseño, de equipamiento, estaba vencido, usado y en mal estado».

El fiscal hondureño afirmó que el fabricante de los hospitales móviles «no tenía capacidad ni técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de hospitales».

El Ministerio Público aseguró que la investigación sobre estos hechos «continúa» para establecer la participación y responsabilidad de otras personas involucradas. EFE

ac/laa

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