Radio América. Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) realizado a través del Proyecto ProDefensoras Honduras reveló que, ante el cambio climático, las mujeres se han vuelto más vulnerables y expuestas a violaciones a sus derechos, lo que profundiza su exclusión en procesos económicos, sociales, políticos y de construcción de paz.
Brenda Zuniga, coordinadora del Proyecto “ProDefensoras Honduras” explicó que, algunos indicadores del informe evidencian la violencia estructural, entendida como el contexto de desigualdad y precariedad que afecta a las mujeres en Honduras, lo cual limita su acceso a oportunidades y a la garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El informe revela que, durante el año 2022, la crisis de seguridad alimentaria, la violencia por la presencia y accionar de grupos de narcotráfico, maras y pandillas, el cambio climático y desastres (inundaciones y sequías) han hecho que, actualmente, existan cerca de 3.2 millones de personas con necesidades humanitarias en el país.
De ese total, el 60% son mujeres, en su mayoría de las zonas rurales y pertenecientes a grupos étnicos que enfrentan mayor pobreza, así como limitaciones de acceso a los servicios básicos y de salud.
“Ante el cambio climático, las mujeres se han vuelto desproporcionadamente más vulnerables y expuestas a violaciones a sus derechos, lo cual contribuye a profundizar la estructural marginación y exclusión de ellas en procesos económicos, sociales, políticos y de construcción de paz”.
Situación que se agrava por la baja titulación de tierras para las mujeres, las dificultades que tienen para acceder a los créditos agrícolas, en comparación con los hombres, aunado a ello, los cambios en los patrones de lluvia y los extensos períodos de sequía.
El documento destaca que, las mujeres están perdiendo el control tradicional sobre sus cultivos y fuentes hídricas, llevándolas a desplazarse en precarias condiciones y aumentando su exposición a la trata y al abuso sexual.
Por su alta dependencia de los recursos forestales para su sustento y su aguda vulnerabilidad a los shocks climáticos, las mujeres defensoras de los derechos humanos han estado impulsando las luchas para proteger estos recursos, aumentando los hechos violentos contra ellas, en los últimos años, en un esfuerzo por acallar sus voces y su participación en la vida pública.
Entre el 2020 y 2021, de acuerdo con la Red Nacional de Defensoras, hubo un incremento del 35% en las agresiones, siendo el 45% en zonas rurales y vinculadas a la defensa de recursos naturales.
En Honduras, la capacidad de resiliencia de las mujeres rurales frente a los choques climáticos se ha visto obstaculizada aún más por las normas de género y las prácticas discriminatorias, que han llevado a que ellas tengan un acceso desigual a la tierra y a la asistencia técnica agropecuaria.
Los altos niveles de violencia doméstica y sexual que ellas experimentan en periodos de precariedad económica, durante y después de los fenómenos meteorológicos extremos, han creado un círculo vicioso negativo de seguridad climática que socava sus capacidades de adaptación, restringe sus opciones de medios de vida y reduce ya de por sí su baja capacidad de incidencia.
