Radio América. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), condenó este lunes el hecho de incorporar a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a investigar, auditar y denunciar la corrupción de las instituciones públicas, como Personas Expuestas Políticamente (PEP).
A través de un comunicado al que dio lectura su directora ejecutiva, Gabriela Castellanos, expresaron que lo antes mencionado constituye una “aberración jurídica” en el marco de las normativas y convenios internacionales puesto que los principios y regulaciones son completamente diferentes a la de una función pública.
Según el CNA, la única intención de la reforma a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos es poner un yugo sobre quienes han evidenciado cómo operan los corruptos en el país.
Sin embargo, manifestaron que están listos para ser auditados en virtud que no tienen ninguna causa que constituya o que ponga en duda la gestión del Consejo Nacional Anticorrupción.
En tal sentido, expresaron que las puertas del organismo anticorrupción están abiertas de manera permanente puesto que no encontrarán ninguna causa que se asemeje a las prácticas de corruptela que se han gestado desde el Estado con los recursos públicos.
En relación a las reformas a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, mencionaron que el objetivo fue dirigido para que la ciudadanía olvide el nombre y apellido de los candidatos a elección popular que no cumplieron las regulaciones contempladas con la declaración de fondos que se utilizaron durante el proceso electoral interno.
El CNA apuntó que los diputados aprovechando su condición de “legisladores de la corrupción” buscaron una vez más mecanismos para exonerar de multas y demás responsabilidades derivadas del incumplimiento a quienes faltaron a la ley dejando constancia de que algunos sin ser electos incumplen y se aprovechan de favores políticos.
Como CNA anunciaron que no descasarán en denunciar permanentemente el nombre de las y los 71 diputados que participaron en la sesión legislativa del pasado jueves 07 de octubre donde se aprobaron reformas de la “corrupción”.
Por otro lado, hicieron un llamado enérgico a los diputados de oposición ya que apuntaron su no asistencia a las sesiones constituye en primera instancia una causa de inhabilitación en base a lo contemplado en el artículo 197 de la Constitución de la Republica ya que se les paga para comparecer a las sesiones votando a favor o en contra.
En ese contexto, responsabilizaron sobre lo ocurrido a los diputados de la oposición puesto que aseveraron su inasistencia permiten que se adopten decisiones sin ningún tipo de contraposición.
Asimismo, exigieron a la junta directiva del Congreso Nacional reanudar las sesiones presenciales permitiendo la auditoría social y para que de una vez por todas eviten continuar legislando bajo las “tinieblas de la corrupción”.
El organismo anticorrupción alertó que el último trimestre de 2021 será un tiempo en el que los corruptos dejarán sentadas las bases para que los “tenáculos” de la impunidad sigan protegiéndolos, “por lo que orientamos a los hondureños mantenernos vigilantes y levantar nuestras banderas de protestas ya que es el único recurso que aún tenemos”.
Finalmente, solicitaron al pueblo hondureño que en las elecciones del 28 de noviembre evite votar por todos los delincuentes que desde un espacio se han servido para aumentar sus riquezas, emplear familiares y malversar fondos públicos.
Con información de Javier Rivera