Radio América. El exjuez hondureño Marco Vallecillo, acusado de extorsión por el fiscal general Johel Zelaya, continuará en prisión preventiva luego de que la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción rechazara modificar las medidas cautelares, informó este miércoles una fuente judicial.
La decisión fue tomada por «unanimidad de votos», dijo a periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, quien detalló que la Corte “ratificó la prisión preventiva” dictada contra Vallecillo.
Apelación
No obstante, el tribunal declaró “parcialmente ha lugar” el recurso de apelación presentado por la defensa, únicamente en lo relativo a las condiciones de reclusión.
Vallecillo, quien era coordinador del Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, fue capturado el 17 de agosto de 2024 por orden del fiscal general, tras ser acusado de utilizar su cargo para extorsionar a personas investigadas por delitos de corrupción, haciendo uso del nombre de otros fiscales.
En el momento de su detención, el exjuez fue sorprendido en un acto presuntamente flagrante, cuando, junto con el abogado Nelson Sierra, recibía tres millones de lempiras (unos 115.289 dólares) como parte de un supuesto esquema extorsivo.
De acuerdo con el Ministerio Público (Fiscalía), los imputados presionaban a un testigo protegido para evitar que se presentara un requerimiento fiscal en su contra, bajo amenaza de ser acusado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).
Prisión
Actualmente, Vallecillo permanece recluido en la sede de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, en Tegucigalpa.
Sin embargo, en su fallo, la Corte de Apelaciones ordenó que el Juzgado de Letras ponga al acusado a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INP) para que se determine el centro penal «más adecuado» para cumplir con la medida cautelar.
“Por tanto, atendiendo la queja de la defensa privada, este Tribunal de Apelación estima que el Juez de Letras debe poner a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INP) al acusado, ordenándole que este sea trasladado a un centro penitenciario acorde a las circunstancias individuales que se puede ponderar respecto al acusado, en especial que cuente con condiciones médicas adecuadas”, indica la parte resolutiva del fallo.
El tribunal instruyó garantizar la continuidad del tratamiento médico y psicológico del imputado, así como el acceso regular a sus familiares y abogados, conforme al régimen de visitas vigente.
También ordenó evaluar la posibilidad de mantenerlo separado del resto de la población penitenciaria si existieran razones de seguridad o salud, y pidió al INP supervisar que se cumplan estas condiciones para resguardar sus derechos fundamentales. EFE.
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