Ciudad de Guatemala, 3 ago (EFE).- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) solicitó «poner fin inmediatamente» al proceso judicial en contra de la periodista hondureña Sonia Pérez López, acusada de usurpación agravada y daños a la propiedad.
De acuerdo con un comunicado de la entidad, fechado en Guatemala, Pérez López fue acusada de dichos cargos el pasado 22 de mayo por «Juan Argueta, un propietario de terrenos» en el municipio de San José, en el departamento de La Paz (suroeste).
Pérez López es desde 2018 corresponsal en la región de la emisora Radio Progreso, cercana a la región de San Pedro Sula, y cubre temas relacionados con política y corrupción, de acuerdo con la misma fuente.
«En la denuncia, a la cual el CPJ tuvo acceso, Argueta afirmó que Pérez había invadido su propiedad cuando daba cobertura al desalojo de familias indígenas el 18 de mayo», puntualizó la nota de prensa sobre las acusaciones contra la periodista.
«Los derechos sobre la tierra son una preocupación fundamental de las comunidades indígenas y rurales en Honduras y en toda la región, y los periodistas comunitarios deben poder cubrir estas historias sin ser tratados como delincuentes», afirmó Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe de CPJ.
El caso en contra de la periodista dio inicio judicialmente el 19 de junio con una audiencia y continuó con una segunda declaración el pasado 28 de julio.
«Las autoridades hondureñas deben poner fin inmediatamente al proceso judicial», expuso la organización internacional humanitaria, que invitó a las autoridades hondureñas a «dejar de utilizar el sistema judicial» local para «silenciar a la prensa».
La acusación de Argueta alega que Pérez López es miembro de la dirección de la comunidad indígena Lenca, que fue desalojada por las fuerzas de seguridad el 18 de mayo.
Pérez López señaló que sí es miembro de la comunidad indígena pero no de la dirección del grupo, y que el día en cuestión se encontraba «en el lugar como periodista».
«Si es condenada de usurpación agravada, Pérez podría recibir una pena de hasta 4 años de cárcel, mientras que el delito de daños a la propiedad se sanciona con una pena de hasta 5 años de cárcel, de acuerdo con el Código Penal de Honduras», advirtió CPJ. EFE
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