(EFE).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) dijo este viernes que el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016, evidencia «los graves patrones de violencia» de sufren los defensores de derechos humanos en Latinoamérica
El ente indicó en un comunicado que en la historia de Honduras y del mundo, el crimen de Cáceres evidenció «los graves patrones de violencia perpetrados impunemente contra las personas defensoras en la región latinoamericana y que colmó a la sociedad de indignación y un renovado anhelo de justicia».
Cuatro años después del crimen de la ambientalista lenca, el Estado de Honduras «continúa priorizando sus intereses extractivos sobre el respeto, la protección y garantía de los derechos humanos de la población», enfatizó.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
La activista había sido amenazada por su oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en la comunidad del Río Blanco, de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA).
SIN JUSTICIA
El Cejil, organización no gubernamental consultora ante la Organización de Estados Americanos (OEA) fundada en 1991, indicó que en el caso del crimen de la ambientalista «no ha habido justicia» pese a que un tribunal de Honduras condenó en diciembre de 2019 a siete de los ocho acusados por el asesinato.
Cuatro de los acusados fueron sentenciados a 34 años por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien era huésped de la líder indígena el día del ataque. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.
«La estructura criminal responsable de planificar y financiar el crimen continúa en absoluta impunidad» puesto que solo David Castillo, gerente general de DESA, ha sido investigado por la autoría intelectual del asesinato y su «proceso se ha caracterizado por dilaciones que han impedido avanzar hacia su juzgamiento», agregó.
DENUNCIAN INTENCIÓN DEL ESTADO DE PERPETUAR IMPUNIDAD
En su opinión, la «clara intención del Estado de perpetuar la impunidad, en connivencia con grupos de poder empresariales y militares, no ha detenido la digna y legítima lucha por justicia» emprendida por el Copinh y la familia de la ambientalista.
El Cejil denunció que el Estado de Honduras «sigue en deuda, no solo en el caso de la defensora lenca Berta Cáceres, sino en los casos de todas las personas defensoras asesinadas, violentadas y criminalizadas que al día de hoy no han conseguido justicia».
Destacó que garantizar la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables del asesinato de Cáceres «es una obligación del Estado de Honduras y debe ser también un paso firme hacia la ruptura de la impunidad sistemática que ahoga al país, y así garantizar la no repetición de estos hechos contra personas defensoras de derechos humanos».
CONSULTA PREVIA
El Cejil aseguró que el año pasado fueron otorgadas en territorios indígenas al menos 137 concesiones mineras y de producción de energía e hidrocarburo.
Agregó que el Estado de Honduras pretende aprobar un proyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada que, según los pueblos indígenas, «facilitaría la instalación de grandes proyectos extractivos en sus territorios e incrementaría la violencia y la violación de los derechos humanos de los pueblos».
Ante la oposición legítima de los pueblos indígenas a la política estatal, según el ente, la respuesta del Gobierno «se ha caracterizado por la represión a la protesta social mediante el uso excesivo de la fuerza, los ataques, la criminalización». EFE
