Radio América. El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, cuestionó la “confusa” sentencia emitida en el caso “Narcopolítica”.
Según informó Santos, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en “confusa” sentencia y sin motivación alguna, liberó de responsabilidad a los imputados en el caso “Narcopolítica”.
Además, comunicó que la CSJ confirmó auto de formal procesamiento contra Miguel Pastor.
Esta mañana de miércoles el fiscal dijo que haciendo un análisis de la sentencia se encontraron que la misma no contiene ni la mínima fundamentación.
“Un requisito esencial de toda resolución es la fundamentación, no nos explicamos el por qué la Sala de lo Constitucional está declarando con lugar los amparos de la defensa”, criticó.
El experto en leyes remarcó que en este caso hay un vínculo claro entre el narcotráfico y la administración pública.
Expresó sarcásticamente que está pensando en mandar esos fallos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para que los alumnos de la clase de derecho constitucional los estudien porque “realmente es lamentable que se estén emitiendo ese tipo de sentencias”.
Comentó que ayer la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción solicitó reposición y aclaración de la sentencia.
“A simple vista lo que está resolviendo la Corte es que está liberando de responsabilidad a la mayoría de los imputados. Es una sentencia confusa, realmente no contiene los requisitos esenciales que menciona la ley, esos fallos no deberían de seguirse emitiendo”, sostuvo.
La investigación de este caso surge a partir de la declaración del exlíder del cartel «Los Cachiros», Devis Leonel Rivera Maradiaga, hecha ante un juez de los Estados Unidos de América, donde manifestó que entró en contacto en el año 2009 con el candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa, a quien le dio dinero para su campaña electoral y a la vez, este le sugirió que a cambio formaran empresas a las cuales, una vez ganada la elección para ocupar la Presidencia de la República les pudieran dar contratos por parte del Estado.
Para ese fin, una vez logrado el propósito de llegar a la Presidencia de la República, el señor Porfirio Lobo Sosa nombró en SOPTRAVI como secretario a Miguel Rodrigo Pastor Mejía; y como director de carreteras al señor Walter Noé Maldonado, quienes le otorgaron a la empresa INRIMAR, creada por el señor Devís Leonel Rivera Maradiaga, 21 contratos por un monto total de 68 millones 326 mil lempiras que aparentemente tenían como objetivo realizar obras en Olancho y Tocoa.
Estos contratos se otorgaron sin que la empresa INRIMAR cumpliera con los requisitos que establece la ley para poder contratar con el Estado, a través del fraccionamiento de 16 contratos para evitar la licitación pública.
Con información de Estela Rovelo