Radio América-EFE. Al menos 65 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Honduras entre 2020 y lo que va de 2025 y el 95 % de estos crímenes permanecen en la impunidad, denunció este miércoles el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Entre las víctimas figuran defensores de la tierra, el territorio, el medio ambiente, los pueblos originarios y los derechos de la comunidad LGBTIQ, indicó el director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, Daniel Cáceres.
En un comunicado, Cáceres instó a las autoridades hondureñas a realizar «una investigación exhaustiva de cada caso», respetando los estándares del debido proceso y la debida diligencia, para evitar que la impunidad siga prevaleciendo en estos crímenes.
Además, el director del observatorio expresó su preocupación ante la impunidad que rodea a al menos el 95 % de estos hechos violentos, calificándola como un «problema estructural» que afecta gravemente el ejercicio pleno de los derechos humanos y debilita el Estado de derecho.
El Conadeh reporta que el 60 % de estos asesinatos ocurrieron entre 2022 y 2023, lo que evidencia una escalada preocupante en la violencia contra quienes defienden derechos fundamentales.
Cáceres advirtió que los defensores de derechos humanos en Honduras enfrentan una situación de “extremo riesgo”, debido a las múltiples formas de violencia ejercidas tanto por actores estatales como no estatales, con el objetivo de «silenciar sus causas».
Igualmente, el funcionario afirmó que el Estado hondureño mantiene una “deuda histórica” con los familiares de las víctimas, al negarles el derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido y obstaculizar el acceso a la justicia y resaltó la “valentía” de quienes protegen el medio ambiente, la tierra y el territorio.
Entre 2019 y septiembre de 2024, el Conadeh recibió alrededor de 205 quejas relacionadas con problemas ambientales que afectan a comunidades en diversas regiones del país.
Estas denuncias incluyen afectaciones a la biodiversidad, abuso de autoridad en la explotación de recursos forestales, contaminación por minería ilegal, tala indiscriminada, extracción no autorizada de minerales, derrames de combustibles y contaminación acústica.
También se documentaron casos de contaminación de aguas subterráneas, deterioro de los recursos forestales, falta de protección de cuencas hidrográficas, deficiencias en el servicio de agua potable, entre otras afectaciones medioambientales. EFE.
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