Radio América. Un juez en materia de corrupción determinó este viernes dictar la medida de detención judicial contra el exdirector de Invest-H, Marco Bográn y el exgerente administrativo, Alex Moraes, en el caso de corrupción de los hospitales móviles.
Tras la resolución la hermana de Macos Bográn pidió no politizar el tema y casi llorando salió del tribunal manifestando que era un conjunto de personas las que se encargaban de ejecutar las compras en esa oficina del Estado.
“El juez de letra con competencia nacional en materia de corrupción ha dictaminado la medida de detención judicial a ambos imputados”, informó este mediodía el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
En ese sentido las autoridades han fijado la audiencia inicial para este sábado a las 10:00 de la mañana en donde las partes presentarán los medios de prueba que ayuden a confirmar o desvirtuar la acusación.
Silva detalló que la orden del juez deberá cumplirse en el lugar que indiquen las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
En ese sentido las defensas de ambos imputados han solicitado que se pueda cumplir la detención judicial en un separo militar en Tegucigalpa.
A ambos funcionarios se les señala de implicaciones irregulares en la compra de siete hospitales móviles para la pandemia del covid por el orden de los 47,5 millones de dólares.
Los delitos son violación a los deberes de los funcionarios y fraude en la compra de los módulos hospitalarios a la empresa ELMED Medical Systems del guatemalteco Axel López, quien también es requerido por las autoridades mediante alerta internacional.
Luego de la audiencia de imputado se ha ratificado por parte del Ministerio Público la acusación plasmada en el requerimiento fiscal, manifestó Silva.
Bográn, quien renunció a finales de junio de 2020 por recomendación de la Mesa Multisectorial de la pandemia, y Moraes fueron detenidos de manera preventiva luego de que la Fiscalía Anticorrupción lo ordenará tras comparecer ante la ATIC la mañana del jueves.
Los acusados fueron arrestados por primera vez el 5 de octubre pasado por el delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública, dos días después fueron liberados y puestos en situación de arresto domiciliario.
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