RADIO AMÉRICA. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, a través de sus redes sociales difundió un video en el que plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema judicial hondureño para responder al retorno del expresidente Juan Orlando Hernández.
«Expresidente Juan Orlando Hernández, el problema nunca ha sido su regreso. El problema siempre ha sido la facilidad con la que el poder encuentra protegerlo. Usted va a retornar a Honduras y tiene todo el derecho a que se le respete el debido proceso”, expresó.
Asimismo, enfatizó que “su regreso no será una victoria, será un examen. Y no para usted, sino para el sistema de justicia hondureño, porque usted conoce este sistema mejor que nadie. Lo dirigió, lo utilizó y hoy lo vuelve a poner a prueba”.
“Un sistema capaz de olvidar muy rápido cuando el investigado pertenece a la clase política, capaz de actuar con una velocidad que miles de hondureños jamás conocerán, incluso capaz de suspender órdenes de captura como resultado de un privilegio reservado solo para quienes parecen ser intocables”, detalló.
Castellanos sostuvo que el regreso del expresidente “no borra el caso Pandora 2, la tasa de seguridad ni la reelección ilegal. Tampoco borra las investigaciones, las denuncias y, sobre todo, la responsabilidad política de haber dirigido un gobierno marcado por la corrupción”.
Hace años, desde el CNA hicimos una pregunta que lo incomodó. ¿Dónde está el dinero? Hoy, esa interrogante continúa siendo la misma, porque mientras el dinero sigue sin aparecer, la impunidad nunca salió del país. Y aquí está el verdadero problema, que las estructuras de impunidad que permitieron la corrupción en su gobierno siguen encontrando espacio dentro de nuestras instituciones”, indicó.
De igual manera, señaló que “la pregunta ya no es qué hará Juan Orlando Hernández. La pregunta es otra. Si cualquier otro ciudadano hubiera estado en la misma situación, habría recibido exactamente el mismo trato. Precisamente por esa razón, a partir del domingo no será él quien esté siendo observado, será la Corte Suprema de Justicia (CSJ), será el Ministerio Público (MP), y será todo el aparato estatal que hoy tiene la obligación de demostrar si la ley se aplica con la misma firmeza para todos”.
“Porque la historia no recordará únicamente el regreso de un expresidente, recordará qué hicieron las instituciones cuando tuvieron la oportunidad de demostrar que nadie está por encima de la ley”, finalizó.
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