Ricardo Zúñiga es el funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) con más experiencia y conocimiento sobre Guatemala, Honduras y El Salvador. Entre 2019 y 2020 se dedicó a realizar un estudio para el Wilson Center en donde evaluó los programas que el gobierno de EE. UU. ha implementado en esos tres países.
Señaló los errores e hizo propuestas para mejorar esos planes. Ahora, como delegado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, dice que “busca aliados” para implementar una estrategia a corto, mediano y largo plazo que reduzca la migración de centroamericanos.
Durante el lunes 5 y el martes 6 de marzo, Zúñiga completó una serie de reuniones con funcionarios del Gobierno, del sector Justicia, integrantes del sector privado empresarial y de organizaciones de sociedad civil. El oficial estadounidense explicó que fue una visita inicial de “acercamiento” para conocer con qué actores se podría elaborar el plan a mediano y largo plazo que aborde las causas estructurales de la migración. Pero también fue una visita para obtener resultados inmediatos.
Desahogar las fronteras
El principal objetivo es reducir el número de personas adultas y menores de edad que llegan a las fronteras entre México y EE. UU. Además de dejar claro el mensaje que “las fronteras de Estados Unidos están cerradas”, Zúñiga manifestó que también buscan que las personas puedan pedir protección desde su país de origen. También en este plan a corto plazo se encuentran contempladas la emisión de las visas H-2B para trabajadores temporales.
Funcionarios guatemaltecos, que se reunieron con la delegación estadounidense, indicaron a elPeriódico que se pretende hacer “centros de recursos”, en donde se dé información a retornados y asesoría a personas sobre las posibilidades que tienen de migrar de forma regular. Entre los beneficiarios estarían los menores de edad calificados, cuyos padres y madres se encuentran residiendo de forma legal en EE. UU.
Ricardo Zúñiga se reunió con el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, para manifestarle su apoyo a él y al equipo que dirige por el trabajo que efectúan en contra de la impunidad. Zúñiga se entrevistó también con las juezas, Erika Aifán y Yassmin Barrios, y la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Porras, para respaldar la labor que realizan.
A largo plazo
Zúñiga indicó que aún no tienen estructurado un plan de acción que dé resultados a mediano y a corto plazo, pero que eso no significa que no tengan claro qué medidas se deberían aplicar para atacar las causas de raíz que generan la migración irregular. En este ámbito tienen contemplado mejoras a la asistencia en salud, a la seguridad, educación y a la creación de empleo. Un ambiente de “esperanza” y que no los obligue a huir o a migrar, detalló el oficial del gobierno estadounidense.
“Estamos viendo la posibilidad de hacer ver que un Estado de derecho favorece a todos por igual. Que no es una situación de perder y ganar… Lo importante es que estamos teniendo conversaciones abiertas y hablando francamente de los retos que enfrentamos… No es algo ideológico la necesidad de Estados Unidos de fortalecer el Estado de derecho y entendemos que nosotros solo somos parte de este juego”, dijo.
