Radio América. Tras la detención preventiva de Marco Bográn por el caso de hospitales móviles, el ex-fiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, en principio manifestó que debe felicitarse al Ministerio Público porque finalmente ha concluido las investigaciones, pero al mismo tiempo recriminó el hecho de la tardanza en presentar los requerimientos fiscales contra los acusados.
Aún cuando es cierto y muy complejo el trámite administrativo, sea de la asignación de recursos, la ejecución de los mismos, las transferencias bancarias, la recepción del producto comprado (hospitales) y ponerlos en funcionamientos y su respectivo peritaje, sin embargo, el togado dijo que debió haberse apurado la investigación de tales acciones.
Señaló que por los documentos filtrados la orden de comprar los hospitales móviles vino del gobernante (Juan Orlando Hernández), según quedó confirmado en un oficio de la Ministra de Salud que remitió al director de Invest-H para decirle que se necesitaban los siete sanatorios.
Ante eso, Orellana se preguntó el por qué el Ministerio Público excluyó a tales personas del Requerimiento Fiscal, aseverando que quizá fue porque el ente no encontró responsabilidad, pero la Fiscalía debe explicar la situación.
Asimismo, que hay otras figuras que intervinieron y los recursos para poder utilizarlos, requieren trámite que normalmente se cumplen hasta que se hayan acreditado los requisitos para los desembolsos.
El extitular del MP, ejemplificó que el hecho de que se haya tramitado todo el dinero o el costo de los hospitales al supuesto proveedor pese a que la ley no autoriza ese aspecto. Cuando la normativa habla de anticipos, pues se establece un límite de porcentaje, pero no dice que debe entregarse todo, sino hasta que se haya cumplido con el contrato del plazo que se consigne, explicó.
Lo otro mencionado por el abogado, es que la misma Invest-H reconoció que la contratación de los hospitales móviles se hizo con la figura de llave en mano, en ese sentido, la ley exige que el contrato sea por escrito porque no tratarse de suministros, sino de obras públicas y en consecuencia se debió consignarse por escrito todas las estipulaciones del caso.
Otro de los aspectos mencionado por el entrevistado, es que las demás personas autorizaron los desembolsos totales debieron tener los recaudos respectivos, e igualmente, las transferencias internacionales y alguien que hizo el trámite deberá responder ante el Ministerio Público por su actuación.
A efecto de recuperar la millonaria inversión en los llamados hospitales móviles la , el profesional del derecho es del criterio en que la Procuraduría General de la República debería de estar con ese aspecto, sobre todo, cuando el Ministerio Público ha aclarado que la compra ha sido una gran estafa en contra del Estado e implicando así un daño terrible al erario nacional, por tanto, constitucionalmente obliga a proceder judicialmente contra el proveedor Axel López.
Pero también la Procuraduría debe estar atenta para cuando resulte el momento procesal oportuno o se dicte la sentencia respectiva, en proceder, no solo en recuperar el dinero de Axel López, sino, también contra quienes cometieron los actos ilícitos que dieron lugar a la estafa en la compra de los hospitales móviles, concluyó Edmundo Orellana.
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