Radio América. La abogada y diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, expresó que les preocupa que por un lado se esté diciendo que se está luchando frontalmente contra la corrupción, pero los hechos concretos en el Congreso Nacional (CN) muestren que aún no se han derogado en su tercer debate decretos como el 116-2019; 57-2020 y 93-2021 que tanto ha suplicado el fiscal Luis Javier Santos.
La parlamentaria dijo que es una pena e injustificable que el Legislativo no haya cumplido con esa promesa y esa responsabilidad histórica de dar muestras claras contra la corrupción.
De hecho, mencionó que ha exhortado a través de los medios de comunicación al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo y junta directiva de este poder del Estado para que agenden el tercer debate de esos decretos.
La profesional del derecho manifestó que el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, tiene toda la razón, porque no solo basta que se le provea de un decreto, sino que necesita las herramientas técnicas suficientes para hacer la investigación y formular de manera adecuada requerimientos fiscales bien fundamentados.
Se preguntó de qué sirve que alaben la gestión del fiscal Santos si no le están proveyendo de lo que necesita.
“Decimos que queremos la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), pero no hacemos lo suficiente para que venga, eso a los del PSH nos está preocupando”, externó.
Lo que “me preocupa es que no estamos acelerando el paso y dando respuestas claras a la exigencia del pueblo que quiere una verdadera lucha contra la corrupción”, agregó Espinoza, al tiempo que expresó que la CICIH ya tuvo que haber llegado a Honduras.
Sobre las declaraciones del fiscal adjunto, Daniel Arturo Sibrián Bueso, que nunca hubo pruebas suficientes contra el expresidente Juan Orlando Hernández, opinó que lo único que demuestra es que no fueron capaces de investigar o que tal vez era más conveniente para ellos que Estados Unidos se lo llevara.
En conclusión, arguyó que en Honduras son tan altos los niveles de corrupción en todas las instituciones, que no han tenido la capacidad de enjuiciar a los “politiqueros” que han gobernado.
Con información de Estela Rovelo
