Radio América. La situación de los derechos humanos en Honduras era problemática debido a la estado de excepción prolongado (estado de emergencia) y un aumento en la violencia de género, destacó un informe emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, respecto al país centroamericano en el año 2023.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Rights expresó preocupación por las detenciones ilegales, el uso excesivo de la fuerza, y abusos cometidos durante registros domiciliarios sin orden judicial cometidos en el contexto del estado de excepción.
La violencia y la extorsión persistieron en niveles elevados, debido a la competencia entre pandillas.
Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de: arbitrariedad o asesinatos ilegítimos; tortura o tratos o tratos crueles, inhumanos o degradantes castigo por parte de agentes gubernamentales; prisión dura y potencialmente mortal condiciones.
Así como el arresto o detención arbitrarios; serios problemas con el independencia del Poder Judicial; graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluidas las amenazas contra miembros de los medios por parte de delincuentes, detalla el documento.
Elementos; grave corrupción gubernamental; violencia de género generalizada, incluyendo violencia doméstica, violencia sexual y feminicidio; y crímenes que impliquen violencia o amenazas de violencia contra lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero, querer o intersexuales, añade el informe.
El Gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que puedan han cometido abusos contra los derechos humanos o han participado en actos de corrupción, pero una débil. El sistema judicial y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener convicciones.
Grupos criminales, incluidas pandillas locales y transnacionales y narcóticos. traficantes, fueron importantes autores de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia dirigidas contra los derechos humanos defensores, autoridades judiciales, abogados, miembros de la comunidad empresarial, periodistas, blogueros, mujeres y otras poblaciones vulnerables.
El gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la impunidad era generalizada.
Respeto a la Integridad de la Persona
Privación arbitraria de la vida y otras privaciones ilícitas o asesinatos por motivos políticos. Hubo informes de que el Gobierno o sus agentes cometieron un homicidio arbitrario o ilegítimo dentro del Instituto Nacional Penal. No más La información estaba disponible públicamente sobre el incidente.
El Ministerio Público reportó ocho asesinatos de activistas de derechos humanos hasta el momento.
Septiembre. Por ejemplo, desconocidos mataron a tiros a Aly Domínguez el 7 de enero y Oquelí Domínguez el 15 de junio.
Ambos hombres eran miembros del Comité Municipal en defensa de los bienes comunes y públicos de Tocoa, en el departamento de Colón. Su familia era una de las más destacados defensores ambientales del río Guapinol y sus alrededores zona, en la zona norte del país.
El Gobierno continuó investigar los asesinatos. En julio, firmó un acuerdo por el que se establecía un acuerdo tripartito, comisión para investigar abusos a los derechos humanos en la zona del Bajo Aguán y proporcionar reparaciones a las víctimas.
Grupos criminales, narcotraficantes y pandillas locales y transnacionales, incluyendo la MS-13 y la pandilla de la Calle 18, cometieron asesinatos.
Desaparición
No hubo informes de desapariciones por parte del Gobierno o en nombre del mismo.
Tortura y otras formas crueles, inhumanas o degradantes tratamiento o castigo y otros abusos relacionados aunque la ley prohibía tales prácticas, hubo informes creíbles de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reportó 66 casos de presuntas torturas o tratos crueles e inhumanos a detenidos y presos por las fuerzas de seguridad hasta agosto, mientras que el Ministerio Público recibió cinco dichos informes hasta julio.
El cuasi gubernamental Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y los Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV) recibió 41 denuncias por el uso de torturas o torturas crueles y tratos inhumanos hasta septiembre.
La corrupción, la falta de recursos de investigación y los retrasos judiciales llevaron a impunidad generalizada, incluso para miembros de las fuerzas de seguridad.
Condiciones de prisión y centros de detención
Las condiciones carcelarias eran duras y en ocasiones amenazaban la vida debido a graves hacinamiento, desnutrición y falta de atención médica, y abusos en prisión funcionarios.
La incapacidad del Gobierno para controlar la actividad criminal y la omnipresente violencia relacionada con las pandillas contribuyó significativamente a la inseguridad.
Condiciones físicas abusivas
Las cárceles estaban gravemente superpobladas. CONAPREV informó que al 31 de marzo la población carcelaria era más más de 19.500, en un sistema diseñado para aproximadamente 13.000 reclusos.
Los reclusos sufrían desnutrición, falta de saneamiento adecuado y atención médica y, en algunas prisiones, falta de ventilación e iluminación adecuadas.
CONADEH y CONAPREV reportaron más de 100 casos de presunta tortura o trato cruel e inhumano de detenidos y presos por parte de los servicios de seguridad. efectivo.
El Gobierno no logró controlar la violencia generalizada relacionada con las pandillas y actividad delictiva dentro de las prisiones. Muchas prisiones carecían de seguridad suficiente personal.
Los presos tenían acceso a armas y otros contrabando, los reclusos atacaron impunemente a otros reclusos, y a los reclusos y a sus asociados fuera de la prisión amenazaron a los funcionarios penitenciarios y a sus familias.
El 21 de junio, miembros de la pandilla 18 atacaron a miembros de un rival pandilla MS-13 en el penal de mujeres de Támara, cuarenta y seis mujeres fueron asesinadas.
Tras el ataque, la presidente Castro transfirió control del sistema penitenciario a la Policía Militar.
Administración
El sistema judicial era legalmente responsable del seguimiento condiciones carcelarias. El gobierno encargó a CONAPREV visitar cárceles y hacer recomendaciones para proteger los derechos de los presos.
Monitoreo independiente
Después de que el Gobierno ordenara una emergencia toma militar de las prisiones tras un motín mortal en junio en el centro de mujeres prisión, generalmente permitía visitas a la prisión por parte de observadores de derechos humanos locales e internacionales, incluida la Organización Internacional Comité de la Cruz Roja, con algunas excepciones.
Arresto o detención arbitraria
La ley prohibía el arresto y la detención arbitrarios y establecía el derecho de cualquier persona de impugnar la legalidad de su arresto o detención en corte.
Si bien no se proporcionaron estadísticas oficiales, hubo acusaciones de detención arbitraria y arresto ilegal como resultado del estado de excepción.
Procedimientos de arresto y tratamiento de los detenidos Por ley, la policía sólo podía realizar arrestos con una orden judicial, a menos que hicieran la arresto durante la comisión de un delito, había fuertes sospechas de que un persona había cometido un delito y de otro modo podría evadir la acción penal.
Procesamiento, o se encontraron con una persona en posesión de pruebas relacionadas a un crimen. La ley exigía que la policía informara a las personas de los motivos de la su detención y su puesta a disposición de una autoridad judicial competente dentro del 24 horas.
Estipulaba que un fiscal tenía 24 horas adicionales para decidir si había causa probable para la acusación, tras lo cual un juez tenía 24 más horas para decidir si se emite una orden de detención temporal.
Tal orden podría tener vigencia hasta por seis días, después de los cuales el juez sería deberá celebrar una audiencia previa al juicio para examinar si hubo probable causa para continuar con la prisión preventiva.
La ley permitía la libertad bajo fianza para personas acusado de algunos delitos graves y dio a los prisioneros el derecho de acceso rápido a miembros de la familia.
La ley permitió la liberación de otros sospechosos pendientes cargos formales, con la condición de que informaran periódicamente a autoridades, aunque la gestión de este mecanismo de presentación de informes a menudo era débil.
En general, el Gobierno respetó estas disposiciones.
Las personas sospechosas de cualquiera de los 21 delitos graves específicos permanecían bajo custodia, en espera de que concluya el proceso judicial contra ellos. Algunos jueces dictaminó que tales sospechosos podrían ser liberados con la condición de que informen periódicamente a las autoridades.
La ley concedía a los presos el derecho a solicitar acceso a un abogado de su elección y, en caso de indigencia, a servicios proporcionados por el gobierno, abogado, aunque el mecanismo de defensa pública era débil y las autoridades no siempre cumplió con estos requisitos.
Detención Arbitraria
CONADEH y Ministerio Público no reportaron estadísticas sobre casos de detención ilegal o arresto arbitrario. No gubernamental (ONG) denunciaron tres casos de detenciones arbitrarias.
Había también denuncias de detención arbitraria y arresto ilegal como resultado de la impuesto estado de excepción.
Arnol Alemán, defensa de Guapinol, estuvo detenido 26 horas, a pesar de haber una carta de libertad provisional.
Prisión Preventiva
Ineficiencia judicial, corrupción e insuficiencia recursos retrasaron los procedimientos en el sistema de justicia penal y la prisión preventiva es un problema grave.
Por delitos con mínimo penas de seis años de prisión, la ley autorizó la prisión preventiva de hasta dos años.
La fiscalía podría solicitar seis meses adicionales extensión, pero muchos detenidos permanecieron en prisión preventiva mucho más tiempo, incluso por más tiempo que el período máximo de encarcelamiento para su presunto delito.
La ley no autorizaba la prisión preventiva por delitos con un pena máxima de cinco años o menos.
La ley ordenaba que las autoridades liberaran a los detenidos cuyos casos no habían sido aún no han sido juzgados y cuyo tiempo en prisión preventiva ya había superado la pena máxima de prisión por su presunto delito.
De todos modos, muchos los presos permanecieron bajo custodia después de cumplir sus sentencias completas, y a veces incluso después de una absolución, porque los funcionarios no procesaron rápidamente.
Denegación de un juicio público
Justo La ley preveía un poder judicial independiente, pero el sistema de justicia era mal dotado de personal, insuficientemente equipado, a menudo ineficaz y sujeto a intimidación, corrupción, politización y clientelismo.
Bajos salarios y La falta de controles internos hizo que los funcionarios judiciales fueran susceptibles de soborno.
Poderosos intereses especiales, incluidos grupos criminales, ejercieron influencia en los resultados de algunos procedimientos judiciales.
Procedimientos de prueba
La ley establece el derecho a un juicio público e imparcial; sin embargo, el El poder judicial a menudo tardó en hacer cumplir este derecho.
Observadores creíbles observaron problemas en los procedimientos judiciales, como la falta de evidencia admisible, corrupción judicial, intimidación de testigos y un programa de protección de testigos ineficaz.
Presos y detenidos políticos
No hubo reportes de presos o detenidos políticos.
Represión transnacional: Incautación y restitución de bienes No aplica. Interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad, la familia, hogar o correspondencia. Aunque la ley generalmente prohibía tales acciones, una excepción legal permitió a las autoridades gubernamentales entrar en una residencia privada para evitar una delito o en caso de una emergencia.
El 6 de diciembre, la Oficina del Alto Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Comisionado de Derechos Humanos expresó su preocupación por las violaciones ilegales detenciones, uso excesivo de la fuerza y abusos cometidos durante allanamientos domiciliarios sin orden judicial cometidos en el contexto del estado de excepción.
Respeto a las libertades civiles
Incluso para los miembros de prensa y otros medios, la ley preveía la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios de comunicación, con algunas restricciones, y el Gobierno en general respeta este derecho.
Aunque muchos medios de prensa eran políticamente alineados, la prensa y las normas democráticas prevalecientes se combinaron para promover libertad de expresión, incluso para los miembros de los medios de comunicación.
Libertad de expresión
Altos representantes del gobierno criticaron a la sociedad civil sociedad y miembros de la comunidad internacional para comentarios percibidos como críticos del gobierno.
Grupos de la sociedad civil denunciaron estos Las declaraciones tuvieron un efecto paralizador sobre la libertad de expresión.
Violencia y acoso: periodistas y otros miembros de la sociedad civil informaron que se autocensuraron por temor a las críticas, el acoso y represalias por parte del gobierno y sus partidarios.
Otros informaron directamente actos de intimidación o amenazas de violencia por parte de funcionarios gubernamentales o partidarios por ser críticos con el Gobierno.
Por ejemplo, nacional agentes policiales intimidaron al periodista Orlín Martínez, alegando que era un Informante de grupos criminales.
Organizaciones de la sociedad civil criticaron la falta de investigación del gobierno sobre amenazas e incidentes de violencia. adecuadamente.
Censura o restricciones de contenido para miembros de la prensa y otros medios de comunicación, incluidos los en línea.
Los miembros de los medios de comunicación y las ONG declararon Prensa autocensurada por temor a represalias por parte de grupos criminales, narcotraficantes organizaciones traficantes o críticas de funcionarios gubernamentales.
Los medios también se autocensuraron para evitar perder lucrativos contratos publicitarios con el Gobierno.
Leyes sobre difamación/calumnia
La difamación y la calumnia eran delitos penales.
Ningún caso fueron reportados durante el año. Impacto no gubernamental: algunos periodistas y otros miembros de la sociedad civil.
La sociedad denunció amenazas por parte de miembros de grupos criminales. no estaba claro ¿Cuántas de estas amenazas estaban relacionadas con las profesiones de las víctimas o activismo.
Por ejemplo, el 30 de enero, agresores desconocidos mataron a tiros el editor de medios televisivos Carlos Barahona en Tegucigalpa.
El 22 de diciembre asaltantes desconocidos mataron a tiros al comunicador social Javier Ramírez Amador en la ciudad de Danlí.
Ramírez trabajó para el horario estelar del Canal 24 televisión y el Ministerio Público y había estado recibiendo policías protección desde mayo bajo el Mecanismo Nacional de Protección.
La policía, el oficial que protegía a Ramírez también recibió un disparo durante el ataque.
Las ONG creían el asesinato fue una represalia por el trabajo de Ramírez investigando actividades criminales.
El Gobierno continuó investigando el asesinato.
Varios sitios anónimos de redes sociales criticaron a los periodistas (así como a activistas y organizaciones de la sociedad civil) que criticaban al Gobierno o de las políticas de los partidos de oposición.
Libertad en Internet
El Gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a Internet ni censuró contenido en línea.
B. Libertades de reunión y asociación pacíficas. La Constitución preveía las libertades de reunión pacífica y asociación, pero el Gobierno no siempre respetó el derecho de libertad pacífica asamblea, debido a un continuo estado de excepción a partir de noviembre 2022, en el que estos derechos quedaron suspendidos.
Libertad de reunión pacífica
El 9 de mayo, los ciudadanos marcharon en una protesta pacífica en la ciudad sureña de Choluteca contra reformas a la ley tributaria propuestas por el partido de gobierno Libre.
En respuesta, el Gobierno de Castro convocó una reunión del Consejo Nacional Consejo de Defensa y Seguridad, condenó la protesta y ordenó una investigación, alegando que los manifestantes habían sido coaccionados por dueños de negocios para participar en la protesta.
El Gobierno prometió procesar los involucrados, basándose en la acusación de que los organizadores de la marcha coaccionaron manifestantes a participar.
En septiembre, la policía y otros sectores de la justicia los funcionarios aún no habían identificado públicamente a ninguno de los líderes de la protesta como cometió un crimen.
En otro caso, en julio los partidarios del partido gobernante persiguieron pacíficamente manifestantes mientras les arrojaban objetos para interrumpir su manifestación.
Según se informa, el Gobierno también utilizó su control. El Instituto de Transporte hará cumplir arbitrariamente las normas de viajes en autobuses interurbanos en agosto para reducir el número de manifestantes en otra protesta liderada por la oposición en Tegucigalpa.
Libertad de religión
Libertad de circulación y derecho a abandonar el país, la ley preveía la libertad de circulación interna, viajes al extranjero, emigración y repatriación, y el gobierno en general respetó estas derechos.
Movimiento dentro del país
Había áreas donde las autoridades no podían garantizar la libertad de movimiento debido a actividades delictivas y a la falta de importante presencia gubernamental.
Protección de refugiados.
El Gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias para brindar.
Protección y asistencia a refugiados, refugiados retornados o asilo, buscadores y otras personas de interés.
Acceso al Asilo
La ley preveía la concesión de asilo o estatus de refugiado. El Gobierno tenía un sistema incipiente para brindar protección legal a refugiados.
Sus operaciones para recibir y procesar casos dependían de sustanciales apoyo de ACNUR.
El apoyo del ACNUR se centró en brindar capacitación a funcionarios del Instituto Nacional de Migración, apoyando decisiones sobre solicitudes presentadas y mejorar las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo.
Abuso de refugiados y solicitantes de asilo: migrantes en tránsito, por la fuerza poblaciones desplazadas y solicitantes de asilo con casos pendientes fueron vulnerables al abuso y la explotación sexual por parte de organizaciones criminales. Mujeres, niños y lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales (LGBTQI+) eran especialmente vulnerables al abuso.
En tránsito, los migrantes, refugiados y otras poblaciones vulnerables se enfrentaron a graves problemas de seguridad. riesgos en zonas fronterizas.
Condición y trato de los desplazados internos
El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos estimó que entre 2004 y 2018 (datos más recientes disponibles), había aproximadamente 247.000 Desplazados internos debido a la violencia en el país.
Actividad de pandillas, incluidos ataques a y explotación de los no miembros, fue el principal contribuyente a la violencia.
desplazamiento interno relacionado. Datos oficiales sobre desplazamiento forzado, especialmente el desplazamiento debido a la violencia, se vio limitado en parte porque las pandillas controlaba muchos de los barrios donde los individuos eran obligados a abandonar sus hogares y comunidades.
Las ONG informaron que los desplazados internos corrían un mayor riesgo de victimización y explotación por parte de grupos criminales.
El Gobierno mantuvo la Comisión Interinstitucional para la Protección a las Personas Desplazadas por la Violencia y creó la Dirección de la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia dentro del Ministerio de Derechos Humanos.
A pesar del progreso gradual, el gobierno las capacidades para responder a las necesidades de los desplazados internos eran limitadas.
En marzo, la presidente Castro promulgó la Ley para la Prevención, Atención y Protección de Personas Desplazadas Internamente, creada para brindar una protección legal marco para proteger los derechos de los desplazados internos.
Libertad de Participar en la Política
La ley otorgaba a los ciudadanos el derecho a elegir su gobierno en libertad y elecciones periódicas justas, celebradas mediante votación secreta y basadas en criterios casi universales y sufragio igual.
La ley no permitía a miembros activos del ejército o fuerzas de seguridad civiles a votar.
La Constitución prohibía practicar que el clero se postule para cargos públicos o participe en campañas políticas.
Elecciones y participación política
Las elecciones, celebradas en noviembre de 2021, se consideraron en general justas y libre de abusos e irregularidades.
Algunas ONG y partidos políticos informaron irregularidades, pero los observadores internacionales informaron que no fueron sistemáticas y no lo suficientemente extendido como para afectar el resultado de las elecciones presidenciales.
Corrupción en el Gobierno
La ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero Las autoridades no implementaron la ley de manera efectiva y los funcionarios continuaron participar en prácticas corruptas con impunidad.
Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental
El 23 de mayo, la Fiscalía Especial para la Protección de Children informó que había recibido denuncias oficiales presentadas contra el ex directora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Dulce Villanueva, por trámite de adopción irregular y presunto cobro de sobornos. El 26 de mayo, la presidente Castro aceptó su renuncia.
Para obtener información adicional sobre la corrupción en el país, consulte la Declaración de Clima de Inversión del Departamento de Estado para el país, y la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado Informe, que incluye información sobre delitos financieros.
Postura gubernamental
Hacia monitoreo internacional y no gubernamental investigación de presuntos abusos a los derechos humanos.
Una amplia variedad de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales generalmente operado sin restricciones gubernamentales para monitorear o investigar humanos condiciones o casos de derechos y publicar sus conclusiones.
Oficiales del Gobierno fueron algo cooperativos y receptivos a las opiniones de estos grupos, pero algunas organizaciones de derechos humanos criticaron a los funcionarios del gobierno por la falta de acceso y capacidad de respuesta.
Represalias contra defensores de derechos humanos, informó el Ministerio Público ocho asesinatos de activistas medioambientales y de derechos humanos hasta septiembre.
Por ejemplo, el 7 de enero, Aly Domínguez y Jairo Bonilla fueron baleados y asesinado por agresores desconocidos.
Domínguez y Bonilla fueron cofundadores de una resistencia popular en protesta por una controvertida minería de óxido de hierro a cielo abierto, proyecto que contaminaba un río que atraviesa el valle del Bajo Aguán en parte norte del país.
El 15 de junio, Oqueli Domínguez, hermano de Aly, fue asesinado a tiros en circunstancias similares.
El Gobierno continuó investigar los asesinatos.
Órganos gubernamentales de derechos humanos: una comisión semiautónoma para Derechos humanos, CONADEH, investigó denuncias de abusos a los derechos humanos.
Las ONG y otros grupos de la sociedad civil en general consideraron que la comisión independiente pero a veces ineficaz.
El Ministerio de Derechos Humanos actuó como defensor de los derechos humanos dentro el Gobierno.
La Fiscalía Especializada en Materia de Justicia del Ministerio Público Derechos Humanos manejó casos relacionados con acusaciones de abusos contra los derechos humanos por oficiales del gobierno.
El Ministerio Público también contaba con una Fiscalía Especial Oficina de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Social Comunicadores y Funcionarios de Justicia.
También hubo una Conferencia de Derechos Humanos Comisión en el congreso nacional.
Los Ministerios de Seguridad y de Ambos países contaban con oficinas de derechos humanos que coordinaban las actividades relacionadas con los derechos humanos con el Ministerio de Derechos Humanos.
Discriminación y abusos sociales Mujer Violación y violencia doméstica
La ley tipificaba como delito todas las formas de violación, incluyendo la violación conyugal y la violación doméstica o de pareja y otras formas de violencia doméstica y sexual, así como la llamada violación correctiva Personas LGBTQI+.
El Gobierno consideró la violación un delito de derecho público., preocupación, y el estado procesó a los presuntos violadores incluso si los sobrevivientes no presentar cargos.
Las penas por violación oscilaban entre nueve y 13 años de prisión.
La ley no se hizo cumplir efectivamente; público débil Las estructuras institucionales contribuyeron a una aplicación inadecuada.
La ley no tipificaba específicamente como delito la violencia doméstica, pero establecía penas de hasta 12 años de prisión por violencia contra un miembro de la familia, dependiendo de la gravedad de la agresión y de las circunstancias agravantes.
Las lesiones físicas de la víctima no alcanzaron la gravedad requerida para categorizar la violencia como acto criminal, la pena legal por una primera infracción era una pena de uno a tres meses de servicios comunitarios.
Los supervivientes de la violencia doméstica tenían derecho a determinadas medidas de protección, tales como sacar al abusador de la casa y prohibirle de visitar el lugar de trabajo de la víctima u otros lugares visitados con frecuencia.
Las personas que desobedezcan la prohibición podrían ser detenidas hasta por 24 horas como medida preventiva.
La ley establecía una pena máxima de tres años de prisión por desobedecer una orden de alejamiento relacionada con el delito de violencia contra una mujer.
Grupos de la sociedad civil informaron que las mujeres a menudo no denunciaban la violencia doméstica. o retiraron los cargos porque temían o eran económicamente dependientes adelante, el agresor.
Además, las mujeres experimentaron retrasos en el acceso justicia debida a la policía que no procesó las quejas de manera oportuna funcionarios del sistema judicial que aplazaron la programación de audiencias.
Otras Formas de Violencia o Acoso de Género
El Ministerio de Seguridad informó de 229 muertes violentas de mujeres de enero a junio, una cifra casi Aumento del 49 por ciento en comparación con el mismo período en 2022.
El Humano Observatorio de Derechos del Centro de Derechos de la Mujer registró 341 violentos Muertes de mujeres al 31 de octubre.
La ley tipifica como delito el acoso sexual, incluso en el empleo. La Ley estipuló penas de uno a tres años de prisión y posible suspensión de las licencias profesionales de los delincuentes, pero el gobierno no aplicar la ley.
Discriminación
Aunque la ley otorgaba a mujeres y hombres los mismos derechos legales derechos y estatus, incluidos los derechos de propiedad en casos de divorcio, muchas mujeres no disfrutaban plenamente de esos derechos debido a barreras en el acceso a la justicia y a la falta de información sobre protecciones legales.
La mayoría de las mujeres en la fuerza laboral ocupados en ocupaciones informales de menor estatus y peor remuneración, como servicio doméstico, sin el beneficio de protecciones legales.
La ley no exigir igual salario por igual trabajo.
La ley prohibía a los empleadores exigir pruebas de embarazo como requisito previo para el empleo. La ley declaró El empleo de una mujer debe ser apropiado a su estado físico y capacidad.
Muchos empleadores discriminaban a las mujeres. Por ejemplo, era común en los anuncios de empleo que solo los solicitantes masculinos debían postularse.
Derechos Reproductivos
No hubo informes de abortos forzados o esterilización involuntaria por parte de las autoridades gubernamentales.
El gobierno no proporcionó acceso patrocinado por el gobierno a servicios sexuales. y servicios de salud reproductiva para sobrevivientes de violencia sexual, y La anticoncepción de emergencia y la profilaxis post exposición no estaban disponibles. como parte del tratamiento clínico de la violación.
El presidente Castro firmó un orden ejecutiva de marzo que permite la venta, distribución y uso de anticoncepción de emergencia, pero no estaba ampliamente disponible.
En la capacidad del Gobierno para brindar servicios de atención médica a los sobrevivientes de violencia sexual la violencia era limitada.
Los supervivientes dependieron de la asistencia de ONG como Médicos Sin Fronteras.
En 2019 (datos más recientes disponibles), el 94 por ciento de los nacimientos fueron atendidos por personal sanitario cualificado; sin embargo, las ONG reportaron brechas significativas en atención obstétrica, especialmente en las zonas rurales.
Las Naciones Unidas informaron la tasa de natalidad entre adolescentes fue de 89 nacimientos por cada 1.000 niñas de 15 a 19 años, expertos en derechos humanos señalaron la dificultad de acceso a la anticoncepción, particularmente en zonas rurales, contribuyeron a una alta tasa de embarazo adolescente.
El Ministerio de Salud estimó que había 86 muertes maternas por año. año y que la gran mayoría de las causas principales eran prevenibles.
Violencia y discriminación sistémicas raciales o étnicas
La ley tipifica como delito la discriminación basada en la raza y el origen étnico y incluía crímenes cometidos contra individuos debido a su raza o etnia como circunstancias agravantes para aumentar las penas por otros delitos penales.
Las ONG informaron que el gobierno no combatió eficazmente la discriminación o Promover la igualdad de acceso a los servicios gubernamentales y al empleo. oportunidades.
La política nacional del gobierno para combatir el racismo y las Discriminación buscaba promover la igualdad y combatir la discriminación relacionados con los dos grupos afrodescendientes del país, con enfoque en temas sociales y participación política; acceso a la educación, la salud, la justicia y oportunidades de empleo; y derechos a tierras ancestrales y recursos naturales. recursos.
Las ONG informaron que el Gobierno no hizo suficientes esfuerzos para cumplir con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente casos relacionados con los derechos territoriales de las comunidades garífunas.
Los grupos indígenas tenían una representación limitada en el gobierno nacional. y, en consecuencia, poca participación directa en las decisiones que afectan sus tierras, culturas, tradiciones y asignación de recursos naturales.
Comunidades indígenas continuaron denunciando amenazas y actos de violencia contra ellos y contra activistas comunitarios y ambientales.
Violencia a menudo tenía sus raíces en un contexto más amplio de conflicto relacionado con la tierra y los recursos naturales. recursos, corrupción, falta de transparencia y consulta comunitaria, otras actividades delictivas y la capacidad limitada del Estado para proteger los derechos de comunidades vulnerables.
Líderes de derechos de minorías étnicas, ONG internacionales y trabajadores agrícolas organizaciones afirmaron que el gobierno no había reparado las acciones tomadas por fuerzas de seguridad, agencias gubernamentales, particulares y empresas para Desalojar a los indígenas de las tierras sobre las que reclamaban propiedad. basados en leyes de reforma agraria o títulos de tierras ancestrales.
Personas de comunidades indígenas y afrodescendientes sufrieron discriminación en el empleo, la educación, la vivienda y los servicios de salud.
A septiembre, no había ninguna conclusión después de las audiencias de prueba en junio sobre el asesinato de Marcos Pineda Aguilar en noviembre de 2022 durante un Allanamiento policial en la comunidad de El Encinal, departamento de La Paz.
Nacional Agentes policiales presuntamente mataron a la víctima, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Las audiencias se basaron en testimonio policial.
Niños Registro de nacimientos
La falta de registro de nacimientos resultó en la denegación de acceso público servicios, incluido el acceso a los servicios de salud o la matrícula escolar.
Abuso Infantil: La ley establecía penas de prisión de hasta dos años y medio para el abuso infantil. El Gobierno no hizo cumplir la ley. efectivamente.
Matrimonio infantil, precoz y forzado: la edad mínima legal para contraer matrimonio era 18.
El Gobierno no hizo cumplir la ley de manera efectiva. ONG internacionales informó que el 34 por ciento de las niñas y el 12 por ciento de los niños se casaron antes de cumplir la edad 18, siendo la práctica más frecuente en las zonas rurales.
La mayoría de los sindicatos estaban matrimonio informal en lugar de formal.
Explotación sexual de niños
La ley prohibía la venta, preparación o utilización de niños para la explotación sexual comercial, incluido el tráfico sexual.
La explotación sexual comercial de niños, especialmente en el tráfico sexual, Era un problema y el gobierno hizo esfuerzos para hacer cumplir la ley, pero su Las medidas no fueron efectivas.
El país era un destino para el sexo infantil turismo, particularmente en la zona turística de las Islas de la Bahía. La edad legal de consentimiento era 18 años.
La ley prohibía el uso de niños menores de 18 años para exhibiciones o actuaciones de naturaleza sexual o en la producción de pornografía.
Antisemitismo
La comunidad judía contaba con aproximadamente 150 miembros. Había no se conocen informes de incidentes antisemitas.
Trata de Personas
Consulte el Informe sobre la trata de personas del Departamento de Estado en actos de violencia, criminalización y otros abusos basados sobre orientación sexual, identidad o expresión de género, o características sexuales
Penalización
No existían leyes para penalizar las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. conducta entre adultos, travestismo u otras conductas sexuales o de género. comportamiento relacionado con características.
Las ONG expresaron su preocupación de que el público los ministerios y organismos gubernamentales carecían de procesos de investigación para abordar casos de violencia y crímenes de odio contra personas LGBTQI+, porque unidades de investigación no recibieron capacitación sobre género y diversidad sexual asuntos.
También hubo una falta general de personal de investigación, lo que contribuyó a un gran número de casos sin resolver.
Violencia y acoso
ONG denunciaron a la policía u otros gobiernos agentes incitaron, perpetraron, toleraron o toleraron la violencia contra Individuos LGBTQI+.
La impunidad por esos crímenes era alta. LGBTQI+ organizaciones informaron que fueron objeto de discursos de odio por parte de los medios de comunicación, funcionarios públicos y organizaciones religiosas.
El Ministerio Público informó siete asesinatos de personas LGBTQI+ hasta septiembre, mientras que las ONG informaron 47 muertes violentas y 83 crímenes de odio contra personas LGBTQI+ a noviembre.
El 29 de enero la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida coordinó un allanamiento en Roatán para capturar a Erick Gerardo del Arca, para presunta violación y asesinato de Manuel Enrique Cruz, miembro de la comunidad LGBTQI+.
En junio la policía detuvo a Miguel Ángel Cabrera Oviedo y Antonio Josué. Medina Vargas por el asesinato el 19 de febrero de Maryuri Lizeth Pineda, una Miembro de la comunidad LGTBQI+.
El 18 de mayo, un miembro de la Policía Nacional destinado en Intibucá Unidad Departamental de Policía 13 del municipio de Gracias, departamento de Lempira, denunciada por acoso a la subcomisaria Jessica Aguilar respecto a su orientación sexual.
Discriminación
La ley prohibía la discriminación por motivos sexuales características de orientación e identidad de género y delitos incluidos cometidos contra personas por su orientación sexual o género identidad como circunstancias agravantes para aumentar las penas por delitos ofensas.
Sin embargo, persistió la discriminación contra las personas LGBTQI+. A agosto, CONADEH recibió 25 denuncias de discriminación por motivos de orientación sexual.
Parejas del mismo sexo y hogares encabezados por personas del mismo sexo, no eran elegibles para las mismas protecciones legales disponibles para parejas casadas del sexo opuesto. Grupos de derechos LGBTQI+ afirmaron que las agencias gubernamentales y los empleadores privados involucrados en prácticas de contratación discriminatorias.
Las mujeres transgénero eran particularmente vulnerable a la discriminación en el empleo y la educación; muchos sólo podían encontrar empleo como trabajadoras sexuales, lo que aumentaba su vulnerabilidad a violencia y extorsión.
Disponibilidad de Reconocimiento Legal de Género
:La ley prohibía a las personas transgénero personas cambien su nombre y su estatus legal de género.
Otras formas de el reconocimiento legal de género, como no binario o intersexual, no estaba disponible.
Prácticas médicas o psicológicas involuntarias o coercitivas
No hubo casos documentados de “terapia de conversión”, pero las ONG informaron que hubo Casos conocidos de terapias de conversión.
No hubo informes médicos. Se realizaron cirugías de “normalización” innecesarias e irreversibles en niños o sobre personas adultas intersexuales sin su consentimiento.
Restricciones a la libertad de expresión, asociación o reunión pacífica
No hubo restricciones a la libertad de expresión, asociación o reunión pacífica sobre asuntos o eventos LGBTQI+. Personas con discapacidades La ley exigía que las personas con discapacidad tuvieran acceso a los edificios, pero pocos edificios eran accesibles y el Gobierno no tomó medidas efectivas implementar leyes o programas para proporcionar dicho acceso.
Según estimaciones del gobierno, los niños con discapacidad asistieron a la escuela en menor proporción que la población general.
El Instituto para las estadísticas nacionales sitúan la matrícula neta en la escuela primaria en un 77 por ciento en 2021, pero el Centro Nacional de Información del Sector Social afirmó que en En 2020, el 43 por ciento de las personas con discapacidad no recibieron educación formal.
El Gobierno tenía una Oficina para Personas con Discapacidad ubicada dentro Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero su capacidad para brindar los servicios a las personas con discapacidad eran limitados.
Otra violencia o discriminación social las personas con VIH y SIDA siguieron siendo objeto de discriminación, incluso en el empleo y la ocupación, y sufrieron desproporcionadamente de la violencia de género. Sección 7.
Derechos de los trabajadores a. Libertad de asociación y derecho de asociación Negociación la ley concedía a los trabajadores el derecho a formar y afiliarse a sindicatos de su elección, negociar colectivamente y hacer huelga. Prohibió las represalias de los empleadores contra empleados por participar en actividades sindicales.
La ley impuso restricciones sobre estos derechos, como exigir que un sindicato reconocido represente al menos al menos 30 trabajadores, prohibiendo a los extranjeros ocupar cargos sindicales, y exigir que los dirigentes sindicales trabajen en la misma área sustantiva de empresa que los trabajadores que representaban.
La ley prohibía a los miembros de las fuerzas armadas la policía, así como algunos otros empleados públicos, de formar sindicatos.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también exigía que los dirigentes sindicales tuvieran contratos permanentes, limitar la capacidad de los trabajadores agrícolas estacionales de ejercer su derecho a Libertad de asociación.
La ley exigía que un empleador iniciara la negociación colectiva una vez que los trabajadores estableció un sindicato, y especificó que si existía más de un sindicato a la vez empresa, el empresario tenía que negociar con la más grande.
La ley sólo permitía a los sindicatos locales convocar huelgas y prohibía las federaciones laborales. y confederaciones convoquen huelgas, y exigió que dos tercios La mayoría de los empleados, tanto sindicalizados como no sindicalizados, de una empresa aprueban una huelga.
La ley prohibía a los trabajadores hacer huelga legal hasta que negociaciones y la mediación y conciliación acompañadas por el Gobierno habían fallido.
El Ministerio de Trabajo tenía la facultad de declarar un paro laboral ilegal y otorga a los empleadores la capacidad de disciplinar a los empleados de manera consistente con sus reglamentos internos, incluso despidiendo a los huelguistas.
Además, la ley limitó las huelgas en sectores que el Gobierno designó como esenciales. servicios pero no necesariamente cumplían los criterios para servicios esenciales.
La ley exigía que los trabajadores de la atención de salud pública, la seguridad social y los alimentos básicos producción y servicios públicos (saneamiento municipal, agua, electricidad y telecomunicaciones) para proporcionar servicios básicos durante una huelga. la ley también exigió que los trabajadores del sector público involucrados en la refinación, el transporte, y distribución de productos petrolíferos presentan sus quejas a la Ministerio de Trabajo.
La ley permitía huelgas de trabajadores en zonas francas y francas de empresas que prestaban servicios a parques industriales, pero exigía que las huelgas no impidieran las operaciones de otras fábricas en dichos parques.
El Gobierno no hizo cumplir efectivamente la ley. Los empleadores frecuentemente se negaron a cumplir las órdenes del Ministerio de Trabajo que les exigían reintegrar a los trabajadores que habían sido despedidos por participar en sindicatos actividades.
El Ministerio de Trabajo podría ordenar el reintegro de una empresa trabajadores, pero el ministerio carecía del personal y los recursos de transporte para verificar el cumplimiento.
Por ley, el ministerio podría multar a las empresas que violó el derecho a la libertad de asociación.
La ley permitía multas y la pena fue proporcional a las impuestas por otras leyes que implican denegaciones de los derechos civiles, como la discriminación. En ocasiones se aplicaron sanciones contra los infractores, pero el hecho de que el Gobierno no cobre multas facilitó la continuación de las violaciones.
Durante el año, el Gobierno emitió el la pena más alta jamás impuesta a un empleador en un caso pendiente desde hace mucho tiempo de violación de la libertad de asociación y otras violaciones de la legislación laboral.
Los trabajadores tuvieron dificultades para ejercer el derecho a formar y afiliarse a sindicatos y a participar en negociaciones colectivas.
Sindicalistas del sector público levantados preocupaciones sobre la interferencia del gobierno en las actividades sindicales, incluyendo su ignorancia o suspensión de convenios colectivos y sus despidos de afiliados y dirigentes sindicales.
Algunos empleadores se negaron a entablar negociaciones colectivas o lo hicieron muy difícil hacerlo.
Algunas empresas también retrasaron el nombramiento o no nombrar representantes para la mediación requerida dirigida por el Ministerio de Trabajo, práctica que prolongó el proceso de mediación e impidió el derecho a huelga.
Los sindicatos también expresaron su preocupación por el hecho de que los empleadores utilizaran empleos temporales. contratos para impedir la sindicalización y evitar proporcionar beneficios completos.
El Gobierno investigó violencia y amenazas de violencia contra sindicato líderes. La impunidad por esos crímenes era alta.
El 24 de junio, agresores desconocidos mataron a tiros a 13 personas en Choloma, Departamento de Cortés.
La mayoría de las víctimas no eran miembros de sindicatos; sin embargo, líderes sindicales y trabajadores de maquila en Choloma, incluido el presidente del Sindicato de Trabajadores de Gildan San Miguel, se encontraban entre las víctimas.
El tiroteo fue precedido por un anuncio de que Gildan Activewear planeaba cerrar su fábrica en Choloma, lo que generó amenazas contra los líderes sindicales de los pandilleros locales, quienes culparon al sindicato por la cierre y pérdida de empleo.
La compañía señaló que el cierre fue estrictamente por las condiciones del mercado, reiteró su compromiso con la libertad de asociación y negociación colectiva, y continuó colaborando con la Unión.
En junio, las autoridades arrestaron a tres sospechosos en relación con el tiroteo. – Javier Antonio Colindres Hernández, José Andrés Hernández Gutiérrez y un menor anónimo miembro de la pandilla Barrio 18.
No estaba claro si El tiroteo estuvo relacionado con la actividad sindical. b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio.
Prohibición del Trabajo Infantil y Edad Mínima para Empleo
Condiciones de trabajo aceptables Leyes de salarios y horarios: la ley establecía un salario mínimo para la mayoría sectores.
Había 45 categorías de salario mínimo mensual, basadas en el industria y tamaño de la fuerza laboral de una empresa; los salarios mínimos eran por encima del umbral de pobreza.
La ley de salario mínimo no cubría los salarios nacionales. trabajadores, la gran mayoría de los cuales eran mujeres.
La ley prescribía un turno máximo de ocho horas diarias para la mayoría de los trabajadores, una semana laboral de 44 horas y al menos un período de descanso de 24 horas por cada seis días de trabajo.
También preveía días festivos nacionales pagados y vacaciones anuales.
La Ley pago de horas extras requerido, prohibición de horas extras obligatorias excesivas, limitación horas extras a cuatro horas diarias para una jornada laboral máxima de 12 horas, y prohibió la práctica de exigir a los trabajadores que completaran sus cuotas de trabajo antes abandonar su lugar de trabajo.
En algunas industrias, incluidas la agricultura, el servicio doméstico y la seguridad, los empleadores no respetaron los derechos de maternidad ni pagaron el salario mínimo, las horas extras, o vacaciones.
En estos sectores, los empleadores frecuentemente pagaban a los trabajadores por el semana laboral estándar de 44 horas, independientemente de las horas adicionales que trabajó.
En los sectores de seguridad y servicio doméstico, los trabajadores estaban frecuentemente obligados a trabajar más de 60 horas por semana, pero sólo se les pagaba durante 44 horas.
Los empleadores frecuentemente penalizaban a los trabajadores agrícolas por tomar días libres legalmente autorizados.
Los empleadores pagaron el salario mínimo de manera inconsistente en otros sectores.
La sociedad civil siguió planteando problemas con violaciones al salario mínimo, destacando a las empresas agrícolas en el sur como infractores frecuentes.
El 25 de julio, el Ministerio de Trabajo modificó un acuerdo de 2018 sobre Honduras Sector Maquiladora Textil y otras Empresas de Zona Franca para incrementar la salario mínimo para los trabajadores de la maquila en un 10 por ciento.
Seguridad y salud en el trabajo
Seguridad y salud en el trabajo (SST) las normas eran apropiadas para las principales industrias del país, y la SST.
Los expertos identificaron activamente condiciones inseguras, además de responder a quejas de los trabajadores en materia de SST.
Por ley, los trabajadores pueden retirarse de situaciones que pongan en peligro su salud o seguridad sin poner en peligro empleo continuo.
Según la ley de inspección, el Ministerio de Trabajo tenía la autoridad para cerrar temporalmente los lugares de trabajo donde había una peligro inminente de muerte.
La aplicación de las normas de SST fue particularmente débil en los sectores de la construcción, el ensamblaje de prendas de vestir y la agricultura así como en la economía informal.
Cumplimiento de salarios, horarios y SST: el Ministerio de Trabajo fue responsable para hacer cumplir las leyes de salarios, horarios y SST, pero lo hizo de manera inconsistente y de manera ineficaz.
Las sanciones por violaciones de la legislación en materia de SST fueron proporcionales a penas por delitos similares, pero rara vez se aplican contra los infractores y rara vez recogido.
La ley permitía multas por violaciones de salarios y horarios; éstas eran proporcionales a las penas por delitos similares, como el fraude.
El gobierno a veces aplicaba sanciones contra los infractores, pero no cobrar multas facilitó violaciones de salarios y horarios.
El Ministerio de Trabajo había un número insuficiente de inspectores para hacer cumplir los salarios, horas y SST las leyes de manera efectiva.
Los inspectores tenían la autoridad para hacer sin previo aviso inspecciones e iniciar sanciones.
Si bien todos los trabajadores formales tenían derecho a la seguridad social, hubo informes que tanto los empleadores del sector público como el privado no contribuyeron al seguro social sistema de seguridad.
El Ministerio de Trabajo podría imponer una multa a las empresas que no cumplió con sus obligaciones de seguridad social, pero el monto no fue suficiente para disuadir las violaciones. Según datos del Ministerio de Trabajo de 2021, aproximadamente el 75 por ciento de Los trabajadores trabajaban en la economía informal.
El Gobierno no hizo cumplir las leyes laborales en este sector ya que estos trabajadores no estaban protegidos por la código de Trabajo.
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