.-La falta de regulación de la desinformación amenaza la integridad de los procesos electorales en Honduras, según un informe divulgado este miércoles por la ONG Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que pide a los políticos combatir las noticias falsas de cara a las elecciones de 2025.
El informe «Desinformación electoral en Honduras: el peligro para la democracia del que no se informa» señala que el país centroamericano carece de regulaciones efectivas sobre desinformación en redes sociales y plataformas digitales.
«Aunque el Código Penal y la Ley Electoral de Honduras establecen disposiciones legales generales que abordan la manipulación informativa, la difamación y el uso indebido de los medios de comunicación, estas son insuficientes para regular fenómenos masivos y virales como la desinformación en redes sociales”, enfatiza el documento de la ASJ, capítulo de Transparencia Internacional Honduras.
El informe señala que Honduras “carece” de acuerdos “efectivos” con empresas para monitorear o controlar la publicación de contenidos falsos, y aplicar mecanismos de denuncia rápida, campañas de alfabetización digital y verificación en colaboración con organizaciones civiles.
El director de Democracia y Transparencia de la ASJ, Juan Carlos Aguilar, dijo a EFE que la desinformación afecta significativamente a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes y adultos mayores.
Aguilar advierte que la desinformación electoral irá en aumento de cara a las elecciones de 2025, debilitando la confianza en el proceso y las instituciones electorales.
Expresó también su preocupación por las consecuencias de la desinformación tanto para las elecciones internas de marzo como para las elecciones generales de noviembre de 2025.
La desinformación causa una “falsa percepción en la ciudadanía, debilita y desacredita el proceso electoral, así como en las instituciones rectoras de las elecciones”, enfatizó el experto, quien cree que los medios de comunicación juegan un “rol importante” en el combate a las falsas noticias.
La ASJ indicó también que la desinformación durante el proceso electoral representa un «desafío significativo» para la integridad democrática, ya que la divulgación de noticias falsas y contenido manipulado afecta la opinión pública, socava la confianza en las instituciones y distorsiona la percepción de los candidatos y sus propuestas.
Destaca que la regulación de la desinformación electoral en Honduras necesita «una respuesta coordinada» entre el Estado, las plataformas digitales y la sociedad civil, aunque señala que existen «avances legales parciales» en el Código Penal y la Ley Electoral, pero son «insuficientes» frente a los desafíos que plantean las redes sociales y la rápida divulgación de noticias falsas.
Ante ello, la ONG hondureña considera «crucial» que los políticos y medios de comunicación asuman un compromiso de divulgar información «veraz y transparente» para fortalecer el proceso electoral y preservar la estabilidad democrática.
Asimismo, propone incorporar en la Ley Electoral sanciones a los actores políticos que participen en la difusión intencional de desinformación, crear un Observatorio Electoral Digital y desarrollar campañas de alfabetización digital. Esto requiere una respuesta coordinada entre el Estado, las plataformas digitales y la sociedad civil. EFE
