EFE- Honduras debe implementar «medidas urgentes y efectivas» para prevenir las violaciones de derechos humanos, destacó este miércoles el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh).
En su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en 2020, la Oacnudh indicó que el país centroamericano debe crear mecanismos transparentes de rendición de cuentas, para garantizar el «acceso de las víctimas a sus derechos a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición».
El documento fue presentado hoy en Tegucigalpa, en una reunión virtual, por la representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, Isabel Albaladejo Escribano.
A la Oacnudh le «preocupa el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, incluido el uso desproporcionado de gases lacrimógenos para dispersar las manifestaciones, así como malos tratos durante las detenciones», añadió.
En 2020, la Oacnudh constató, además, que defensores de derechos humanos y periodistas «continuaron siendo víctimas de hostigamiento, vigilancia, campañas de desprestigios, amenazas, detenciones arbitrarias, criminalización, agresiones físicas, desapariciones y asesinatos», añadió.
CASOS SIGUEN IMPUNES
La representante de la ONU para los Derechos Humanos dijo que le preocupa que la mayoría de estos casos «permanezcan en la impunidad», lo que contribuye a «la vulnerabilidad» de los defensores de derechos humanos en el país y «obstaculiza las garantías de no repetición».
El Ministerio Público de Honduras recibió entre marzo de 2018 y octubre de 2020 un total de 199 denuncias por amenazas y abuso de autoridad contra de defensores de derechos humanos.
«Recordamos la obligación de investigación pronta, exhaustiva e imparcial de estos casos, que debe traducirse, cuando corresponda, en la presentación de requerimiento fiscal», enfatizó Albaladejo Escribano.
La Oacnudh documentó en 2020 el asesinato de al menos ocho defensores de derechos humanos y tres periodistas en Honduras, y seis de ellos habían «sufrido previamente incidentes de seguridad y dos tenían medidas de protección».
«Es sumamente preocupante que el Sistema de Protección siga siendo insuficiente para asegurar que las personas beneficiarias pueden desarrollar su labor con seguridad», lamentó.
ESFUERZOS INTEGRALES
La Oacnudh reconoce «los esfuerzos» del Estado de Honduras para asegurar la continuidad del Sistema de Protección, a pesar de los «importantes desafíos» que ha causado la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2.
Sin embargo, añadió que, según registros, en 2020 «se suspendieron varias medidas de protección y se retrasaron varios estudios de evaluación de riesgo».
«Nos preocupa que muchas de las deficiencias estructurales identificadas anteriormente, incluida las relacionadas con los procesos de toma de decisiones, continúen y se agraven», enfatizó.
La representante de la ONU para los Derechos Humanos recordó que «se requieren esfuerzos integrales» del Estado de Honduras, para fortalecer el Sistema de Protección a fin de «asegurar su efectividad y la protección integral de quienes defienden los derechos humanos».
El informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos destaca también su «preocupación por la falta de un marco jurídico institucional sólido» en Honduras que garantice el derecho de acceso a la información y promueva la transparencia.
Señala la preocupación por «el uso indebido del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, incluyendo el «uso excesivo de disposiciones penales que no cumplen con el principio de legalidad».
POLÍTICA EFICAZ CONTRA LA CORRUPCIÓN
El Estado de Honduras también debe «adoptar una ley» sobre el Consejo de la Judicatura y la carrera judicial que refuerce la independencia del Tribunal Supremo y garantizar una «selección transparente» de los miembros del consejo.
Además, adoptar una «política pública eficaz contra la corrupción con enfoque de derechos humanos, que incluya un mayor apoyo a la Fiscalía Especial y al circuito judicial anticorrupción, y la eliminación de obstáculos legislativos que impidan el cumplimiento de sus mandatos».
La Oacnudh instó a Honduras a asegurar que los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y las Fuerzas Armadas «respeten las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y derechos humanos, en particular en manifestaciones».
