Radio América. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció al exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jesús Mejía, por ocasionar un perjuicio de 710 millones de lempiras a la estatal eléctrica.
Además, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al Ministerio Público un informe que concluye en hallazgo de indicios de responsabilidad penal por negligencia de anteriores autoridades de la ENEE en proceso de cancelación de contrato que conllevó al pago de L710 millones a una sociedad mercantil por concepto de daños y perjuicios.
Mejía habría resuelto terminar de forma unilateral sin un dictamen del órgano competente las obligaciones del contrato suscrito entre la ENEE y la empresa Nacional de Ingenieros Electromecánica (NIE) para la generación de energía eléctrica en la zona del litoral atlántico.
El ingeniero Mejía defendió en su momento que el responsable de todo es Leonardo Deras, funcionario que asumió el cargo de la estatal en agosto de 2019.
“El responsable se llama Leonardo Deras porque él no tenía por qué anular esa resolución que ya estaba en firme a favor de la ENEE, y esa nulidad que él dio conllevó a la demanda”, declaró Mejía.
Sin embargo, Deras respondió que está dispuesto a presentarse ante cualquier ente que lo requiera para revisar sus actuaciones.
“Mis actuaciones están respaldadas por una orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entonces yo sí tengo el respaldo para decir que no tuve ninguna responsabilidad en ese tema”, afirmó.
“Tengo entendido por la información que ha trascendido que el ingeniero Mejía decidió cancelar un contrato a la Nacional de Ingenieros y el contratista consideró que se les habían vulnerado sus derechos y se fue a un amparo a la Sala de lo Constitucional y lo que ordenó dicha sala es que si había que hacer una comunicación debía de hacerse por la forma correcta y esa fue simplemente mi actuación”, explicó.
Deras insistió que lo único que recibió fue una orden de la Sala de lo Constitucional que se había cometido una violación al contratista y que había que corregirse y simplemente se corrigió.
Señaló que en esencia la cancelación del contrato fue una decisión de la administración pasada. “La Sala de lo Constitucional no hace recomendaciones, sino que da órdenes y ellos determinaron que el ingeniero Jesús Mejía con su actuación los había dejado en indefensión y se habían violado sus derechos y lo que yo hice fue rectificar ese error”.
“Simplemente yo cumplí con lo que me ordenó la Sala de lo Constitucional, ya el tema del juicio en sí, no fue en mi administración y ahí es donde deben centrarse las investigaciones”, puntualizó.
Con información de Héctor Murillo
