Radio América. El equipo de defensa del exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, solicitó que su cliente sea beneficiado con el decreto de amnistía para la liberación de los presos políticos y funcionarios que fueron perseguidos por oponerse al golpe de Estado de 2009.
Este día el juzgado de ejecución suspendió la audiencia de extinción de responsabilidad penal en la causa que se le sigue al exgerente de Hondutel. La resolución se programó para el jueves 03 de marzo a la 1:30 de la tarde.
El abogado Marlon Duarte, parte del equipo de defensa, detalló que Marcelo Chimirri tiene casi siete años de estar en prisión y que iba a pagar una pena «injustamente» impuesta.
«Nosotros no nos estamos apegando a una situación ilegal porque a Marcelo en ningún momento se le puedo cuantificar si supuestamente había cometido un perjuicio económico en contra del Estado”, manifestó Duarte.
“No entendíamos por qué lo condenaron también por el delito de abuso de autoridad si los contratos de confidencialidad los firma el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con las compañías de seguro”, añadió.
Después de 12 años, Duarte dijo que no se puede desconocer que el exfuncionario más perseguido fue Marcelo Chimirri, señalando a su vez que por los mismos hechos guardó prisión su esposa.
“Y me viene a decir el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) que no es una persecución política, si no es eso, no sé dónde estudió ella -Gabriela Castellanos-”.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó las acciones relacionadas al decreto de amnistía para presos políticos.
Castellanos señaló que condenar la corrupción por un lado y por otro no, trae fracaso moral y administrativo a un gobierno.
“Cuando un gobierno condena con una mano a la corrupción y con la otra firma cartas de libertad, ese gobierno está condenado al fracaso moral y administrativo”, citó la directora del CNA.
El experto en leyes aclaró que su defendido no busca un nuevo cargo en el gobierno de Libertad y Refundación (Libre) y que básicamente en lo que se basa el decreto de amnistía es en los hechos de cada proceso.
Chimirri, quien fungió como gerente de Hondutel entre 2006 y 2007, fue declarado culpable por fraude y abuso de autoridad en el millonario soborno que la empresa estadounidense LatiNode pagó a funcionarios de la estatal telefónica.
Con información de Estela Rovelo
