Tegucigalpa, 1 jun (EFE).- Seis organizaciones internacionales con sede en EE.UU., entre ellas la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (Wola), pidieron este jueves transparencia en el proceso de elección del nuevo fiscal general y el fiscal general adjunto de Honduras.
«La impunidad, la corrupción y la falta de acceso a la justicia en Honduras es alta, por lo que el papel de la Junta Proponente es particularmente crucial para asegurar que los candidatos sean honorables, independientes y capaces de enfrentar los retos del país», indicaron las organizaciones en un comunicado conjunto.
Los organismos, entre ellos la Fundación para el Debido Proceso (Dplf, por sus siglas en inglés), consideran importante que la Junta Proponente aplique «criterios objetivos de evaluación, divulgue de manera pública y transparente los requisitos y criterios de selección».
Además, permita el control ciudadano y la participación de la sociedad civil en el proceso, de acuerdo con los estándares internacionales.
El Parlamento de Honduras recibirá una lista de cinco nominados para elegir al nuevo fiscal general del país y el fiscal adjunto, que fueron seleccionados por una junta proponente.
El nombramiento en 2018 del actual fiscal general de Honduras, Oscar Chinchilla, «violó este requisito», añade la nota respaldada también por Latin America Working Group (LAWG) y Robert F. Kennedy Human Rights (Rfkhr).
El Parlamento hondureño debe «acatar» los requisitos constitucionales para garantizar «la transparencia y la integridad» en el nombramiento del nuevo fiscal general y el fiscal adjunto, destaca el comunicado firmado también por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
«La autonomía e independencia del Ministerio Público es esencial para garantizar el acceso a la justicia y hacer frente a la impunidad estructural que enfrenta Honduras», enfatizan.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el papel del fiscal general es «esencial para el acceso a la justicia, la garantía del Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos».
La posible instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (Cicih), respaldada por la ONU, depende de que el sistema de justicia hondureño «mantenga condiciones básicas de independencia y compromiso en la lucha contra la corrupción», precisa el comunicado rubricado por Human Rights Watch (HRW).
«Sin ello, no hay garantía de que el Estado hondureño pueda desmantelar las redes ilícitas que han cooptado la institucionalidad democrática y afectado la gobernabilidad del país»
Las organizaciones destacan que, para la construcción de «un verdadero Estado de derecho, este proceso electoral debe realizarse libre de injerencias indebidas, para garantizar que aquellos actores políticos del Congreso Nacional (Parlamento) bajo investigación por corrupción u otros actos ilícitos no se involucren en el proceso». EFE
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