Radio América. Diversas organizaciones sociales como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre otras, se pronunciaron tras la entrada en vigor de las reformas al nuevo Código Penal, Código Procesal Penal y de la Ley Especial de Lavado de Activos aprobadas por el Congreso Nacional el mes pasado.
Entre los temas a reformar están la trata de personas, desplazamiento forzado, agravantes específicas del tráfico de drogas, explotación ilegal de recursos naturales, extorsión, usurpación, usura, y lavado de activos.
Según las organizaciones sociales, estas reformas vienen a agravar las limitaciones a espacios físicos y la participación ciudadana en forma incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
Señalaron que las reformas introducidas amplían el ámbito de aplicación del delito hasta desvincularlo de los que venían constituyendo elementos referenciales de la figura, el uso de violencia, la intimidación y la intención de crear confusión sobre la propiedad o posesión de un bien.
Expusieron que de acuerdo a las reformas, quien desarrolle protestas que puedan obstaculizar actividades agrícolas o industriales podrán ser perseguidos.
En ese sentido, agregan que las reformas contemplan la criminalización de las protestas e introducen además un amplio catálogo de agravantes que en la práctica atomizará el tratamiento de este delito como grave, imponiendo penas que podrían conllevar hasta 10 años de cárcel.
Declararon que esto es completado con otras medidas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, por lo que exigen su pronta derogación.
Igualmente, apuntaron que las reformas derogan el artículo 613 del Código Penal que impedía la criminalización de situaciones donde existieran reclamaciones civiles pendientes de resolución judicial.
Del mismo modo, que las reformas alcanza la definición del delito de lavado y otros aspectos relacionados con la prevención y persecución de estos delitos imponiendo nuevas limitaciones a la persecución eficaz de este tipo de delitos como lo expresó recientemente el Ministerio Público (MP).
Aseveraron que estas leyes vienen a imponer nuevos controles y límites al trabajo de las organizaciones sociales al incluir como Personas Expuestas Políticamente a organizaciones que administren fondos de cooperaciones externas que se dedican a ejecutar proyectos, programas de diferentes tipos, veedurías, investigación, evaluación o análisis de la gestión pública.
Con información de Javier Rivera