EFE-Radio América. La representante de ONU Mujeres para Libia y Túnez, Begoña Lasagabaster, cree que el avance de los derechos de las mujeres es «dolorosamente lento» y que la pandemia es un buen momento para reflexionar «sobre todas las desigualdades».
«Las políticas de igualdad refuerzan la gobernabilidad, previenen las tensiones sociales y permiten a una sociedad convivir pacíficamente gracias a la justicia social», dice en una entrevista con Efe cuando se celebra el 20 aniversario del primer documento del Consejo de Seguridad con una perspectiva de género.
PREGUNTA: La resolución 1325 llegó más de medio siglo después de la fundación de Naciones Unidas, ¿cómo ve la velocidad de esta agenda de los derechos de las mujeres?
RESPUESTA: El pasado 24 de octubre fue el 75 aniversario de la fundación de Naciones Unidas (…). Hemos avanzado bastante, pero, desde mi punto de vista, es dolorosamente lento. No puede ser al ritmo al que vamos. Si hablamos de parlamentarias, sólo hay un 25% de media (…). Tenemos que tener cuidado y que estos cambios sean sustancialmente fuertes para no retroceder, hay amenazas de muchos sectores que quieren volver atrás.
P: ¿Cómo defender una agenda de mujeres cuando quienes toman las decisiones son en su mayoría hombres?
R: La gente tiene que entender que esto afecta a su vida diaria, que no son sólo florituras. Las políticas de igualdad refuerzan la gobernabilidad, previenen las tensiones sociales y permiten a una sociedad convivir pacíficamente gracias a la justicia social y la igualdad. En eso consiste el plan 1325.
P: ¿Cómo hacer que una ley se convierta en una realidad y no en una simple declaración de intenciones?
R: Yo diría que existen cuatro elementos: una Administración que la implemente, un presupuesto para aplicarla, un sistema judicial que corrija en caso de incumplimiento y una ciudadanía con acceso a la información sobre sus derechos y los reclame.
P: También intervienen los estereotipos de género: algunos piensan que, a pesar de la ley, tú no tienes derechos.
R: Hay que evitar el incumplimiento de las leyes por definición, pero además porque genera frustración en la ciudadanía y falta de credibilidad en las instituciones.
P: Desde su llegada a la ONU ¿cómo ha visto el papel de las mujeres en los diferentes escenarios de la política?
R: Hay un informe de la relatora especial contra la violencia de 2018 que revela un incremento de la violencia contra las mujeres en la política de todo el mundo (…) Estamos desarrollando indicadores para medirla, desde el asesinato de la diputada británica Jo Cox, la desaparición de la parlamentaria libia Siham Sirgiwa o los ataques verbales contra diversas políticas tunecinas (…). No es casual, el objetivo es disuadir a las mujeres de participar en la política. Es una violencia perfectamente estructurada aunque los actores sean individuales.
P: Su misión se centra en dos países muy complejos y situaciones distintas. ¿Cómo es trabajar en Libia y Túnez?
R: La situación de Túnez no tiene comparación. Tiene una ley de paridad, no sólo vertical, sino también horizontal para las elecciones. ¿Se cumple o no? Depende: ¿quiénes determinan las cuestiones en el partido? ¿cuáles son los horarios de la toma de decisiones? ¿las mujeres tienen financiación para lanzar una campaña? ¿pueden conciliar? ¿los medios tratan igual a los candidatos hombres y mujeres?
En Libia (…) tienen una valentía y una capacidad de negociación impresionantes. Trabajamos con muchas redes de mujeres de todo el país: ellas trabajan juntas, llevan a cabo los acuerdos de intercambio de prisioneros, ponen una tienda en mitad del desierto para negociar con las milicias e impedir que recluten a jóvenes, ayudan en las tareas de desminado, documentan las fosas comunes. Se juegan la vida todos los días.
P: Ahora que las negociaciones sobre el conflicto libio están en un momento clave, ¿dónde están esas líderes?
R: En las reuniones de diálogo político en Libia sólo el 25% son mujeres. Ellas son mediadoras excelentes: saben que, a pesar de sus diferencias, tienen que llegar a acuerdos básicos para avanzar. Hemos visto que cruzan las líneas partidarias de manera mucho más fácil que los hombres. Si ya de por sí la visibilidad de las mujeres en los medios es limitado, en un país en conflicto y una sociedad patriarcal muy conservadora, es aún menor. Además, la mayoría de los miembros de la comunidad internacional son hombres y no llegan a hablar con las mujeres.
P: La crisis sanitaria parece haber puesto de relieve los vicios del sistema en la mayoría de países.
R: La pandemia nos obliga a analizar con profundidad y a mirar con lupa todas las desigualdades que existen en cada sociedad y la desigualdad de género es trasversal en todas. Cuando empezaron las medidas de confinamiento, la violencia contra las mujeres aumentó en la mayoría de países.
En Túnez, la línea de ayuda contra la violencia recibió cinco veces más de llamadas y las denuncias ante la justicia se redujeron, (…) pero es porque los obstáculos eran mucho mayores.
En el caso de Libia, ONU Mujeres lanzó junto a 300 mujeres un estudio (…) para evaluar sus principales preocupaciones que reveló varios puntos claves. Por un lado, la precariedad laboral (…) ante la incapacidad de conciliar (…). Por otro, la responsabilidad de cuidar de los enfermos y, por ello, su vulnerabilidad ante el virus.
A esto se suma la falta de acceso a la sanidad debido a las restricciones en la movilidad y una cultura que obliga a muchas a ir acompañadas por hombres, además de una restricción de comida que privilegia la alimentación del resto de la familia.
P: ONU Mujeres hace hincapié en la violencia económica.
R: La mayoría del empleo de las mujeres se da en el sector informal. En un momento de COVID, cuando se establecen medidas de protección social, estas mujeres no existen. ¿Cuántas son cabeza de familia? ¿cuántas han cotizado (…) para recibir una jubilación? ¿quién ha mantenido la seguridad alimentaria todo este tiempo? (…) Es la macroeconomía la que tenemos que cambiar. Es un buen momento para analizar qué significa que el empleo informal pase a ser formal, cuáles son los elementos que el Estado debe poner en marcha para formalizar esos trabajos y tener prestaciones sociales, cuál es el coste y el rédito para la sociedad. EFE
