Tegucigalpa, 14 ene (EFE).- Organizaciones feministas y de derechos humanos de Honduras advirtieron este jueves que un proyecto de ley presentado por uno de los vicepresidente del Parlamento orientado a impedir la legalización del aborto en el país es un «acto condenable» y debe ser «desestimado» por el Poder Legislativo.
En una declaración, la organización Somos Muchas expresó su preocupación porque la iniciativa busca «condenar absoluta y eternamente a la clandestinidad a niñas y mujeres que enfrentan embarazos no deseados».
El proyecto, presentado esta semana por el vicepresidente del Parlamento hondureño, Mario Pérez, diputado del Partido Nacional (en el poder), pretende «reformar la Constitución actual y las constituciones futuras para imponer embarazos y maternidades», lo cual es un «acto condenable», señaló.
«Lo que el Partido Nacional en alianza y complicidad con los sectores más conservadores de los demás partidos políticos ha hecho en todos estos años no se orienta a garantizar la vida, mucho menos la vida digna de la población, peor aún, de las mujeres», señaló.
LEGISLACIÓN A FAVOR DE EMBARAZOS DESEADOS
Somos Muchas, un colectivo que defiende el derecho a decidir y lucha en contra de la criminalización del aborto en Honduras, exige el Congreso Nacional que «desestime» el proyecto motivado por «el desprecio a las niñas y mujeres, basado en argumentos medievales, ajenos a la realidad nacional, donde cada tres días una mujer o niña muere producto de embarazos y partos».
Solicitó a los diputados que «se apeguen a estándares internacionales de derechos humanos» y «detengan una iniciativa que puede marcar un desastroso precedente para la democracia, el Estado de derecho y las futuras generaciones».
La organización espera que los parlamentarios legislen a favor de las «maternidades deseadas y los derechos ciudadanos, políticos y civiles» de los hondureños, y los exhorta a retomar proyectos de ley que «dignifiquen la vida, incluyendo los relacionados con la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos».
Los hondureños deben tener acceso a la educación integral en sexualidad, a servicios de planificación familiar, incluida la anticoncepción de emergencia, la atención integral a sobrevivientes de violencia sexual, salud materna y la despenalización del aborto en tres supuestos: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación.
El aborto es penalizado en Honduras en todas sus formas desde 1997 y varias iniciativas para legalizarlo no han tenido eco entre los diputados.
PROHIBICIÓN NO IMPIDE NI REDUCE EL ABORTO
La organización Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH) en Honduras también se manifestó en contra del proyecto de ley y exhortó al Parlamento a revisar «la prohibición absoluta del aborto» que pone al Estado en un «incumplimiento permanente de sus obligaciones internacionales mínimas de despenalizar la interrupción del embarazo» en los tres supuestos.
«Es necesario tener presente que la penalización absoluta del aborto que se ha mantenido vigente en Honduras no impide ni reduce la cantidad de abortos que se practican, por el contrario, todos los días los derechos de las mujeres y niñas son vulnerados cuando estas se ven obligadas a recurrir a la práctica de abortos clandestinos e inseguros», señaló el EJDH .
La experiencia de otras naciones, añadió, indican que el riesgo de vida que conlleva un aborto «disminuye considerablemente en países donde se encuentra legalizado».
«Si el objetivo del proyecto de ley es proteger la vida, es precisamente la abolición de la criminalización del aborto aquello que se ha demostrado ser la defensa más efectiva tanto de las madres como de los no nacidos», señaló.
El EJDH se comprometió a impulsar acciones legales internas e internacionales necesarias para lograr que en Honduras «las mujeres y las niñas no continúen bajo la amenaza permanente de una sanción penal para obligarlas a continuar con un embarazo (no deseado)». EFE
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