Radio América. Este miércoles la Asociación de Alcaldes Nacionalistas de Honduras condenó la manera arbitraría que desde el Congreso Nacional se ha venido atentado contra la institucionalidad democrática en el territorio hondureño.
La Asociación de Alcaldes Nacionalistas de Honduras conformada por alcaldesas y alcaldes, electas y electos democráticamente y que actualmente representamos la máxima autoridad ejecutiva dentro del término municipal, a la militancia de nuestro partido, directivos de nuestros órganos centrales y especialmente a la Honorable bancada ante el Congreso Nacional nos manifestamos en los siguientes términos:
PRIMERO: que como autoridades locales hemos condenados la manera arbitraria en la que desde el Congreso Nacional se ha venido atentando contra la institucionalidad democrática de nuestro país con el nombramiento de autoridades desconociendo los procedimientos ya establecidos en nuestra Constitución de la República.
SEGUNDO: Observamos con profunda preocupación como desde una ilegal Junta de nueve diputados y diputadas se pretende nombrar de manera arbitraria a los magistrados al Tribunal Superior de Cuentas, creando un órgano a la medida de los intereses del Gobierno central y convirtiéndolo en un instrumento instigador y de persecución a posteriori de nuestros gobiernos locales que por mandato popular constituimos la mayoría de alcaldías en el territorio hondureño.
TERCERO: Instamos a nuestra Bancada del Partido Nacional y a las Autoridades del Comité central a iniciar los diálogos pertinentes con los grupos de oposición y de ser necesario con personeros del partido de Gobierno para buscar los consensos necesarios que nos permitan participar en el proceso de selección de los sustitutos en el TSC, TJE y Unidad de Política Limpia todo esto en el Marco de La Ley, siguiendo los procesos establecidos, con el apoyo de las 2 terceras partes de los diputados electos con el único objetivo de no permitir más nombramientos antojadizos que otorgan un poder absoluto al partido de gobierno en su plan de desestabilizar las institucionalidad democrática.
CUARTO: Instamos a todas las fuerzas políticas a iniciar un proceso de dialogo que permita un consenso para buscar la legalidad en la elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto con el respaldo de al menos 86 de los votos necesarios acorde a lo establecido en nuestra carta magna.
