La justicia de Honduras impuso este martes auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra el director de la cárcel de máxima seguridad La Tolva, detenido la semana anterior con 445.000 lempiras (18.057 dólares) que serían entregados a miembros de la pandilla Barrio 18 que están presos.
Se trata del coronel José Rodimiro Arita, director de la cárcel conocida como La Tolva, contra quien el Juzgado de Criminalidad Organizada y Corrupción de Tegucigalpa resolvió en audiencia de imputados dictar la prisión preventiva, indicó el Poder Judicial en un comunicado.
La misma medida fue impuesta a Luis Antonio Rodríguez, asesor legal de la cárcel La Tolva, ubicada en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, en el oriente de Honduras, añadió.
Enviados a Támara
El juzgado envió a los acusados al centro penitenciario ubicado en el Valle de Támara, al norte de Tegucigalpa, y fijó para el próximo 24 de enero la audiencia preliminar.
Arita y Rodríguez enfrentan una acusación por los delitos de lavado de activos y violación de los deberes de los funcionarios.
Ambos fueron detenidos la semana pasada después de tratar de introducir a la cárcel 18.057 dólares que supuestamente iban a ser entregados a miembros de la pandilla Barrio 18 que están presos.
Captura de Diana Gissela Zelaya
Las fuerzas de seguridad detuvieron este lunes a la abogada Diana Gissela Zelaya, quien presuntamente le entregó el dinero a Arita.
Zelaya fue detenida por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) en cumplimiento a una orden emitida por el juzgado con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción.
El Ministerio Público indicó la víspera que continúa investigando «el origen del dinero, ¿Quién lo llevó hasta el centro penal?, ¿A quién iba dirigido? y si se pretendía lavar como producto de las extorsiones».
Los reos peligrosos y con mucho dinero por muchos años han sido la autoridad real en el interior de las cárceles y, durante mucho tiempo, han constituido la única ley que impera, lo que reconocen funcionarios del Gobierno.
El sistema penitenciario hondureño está conformado por 25 cárceles, en las que permanecen alrededor de 21.000 privados de libertad, pese a que la capacidad instalada es para unos 15.000 reclusos, según fuentes oficiales. EFE.
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