Radio América. El Congreso Nacional aprobó el jueves reformas a artículos del nuevo Código Penal, Código Procesal Penal y de la Ley Especial de Lavado de Activos.
Entre los temas a reformar están la trata de personas, desplazamiento forzado, agravantes específicas del tráfico de drogas, explotación ilegal de recursos naturales, extorsión, usurpación, usura, y lavado de activos.
Para el abogado Pedro Velásquez, con las reformas recientemente aprobadas por el Congreso Nacional, Honduras vivió un día triste y negro dentro de su historia puesto que se aprovechó del Feriado Morazáncio y del partido de la Selección para aprobar una serie reformas encaminadas a blindar a los vinculados en actos de corrupción.
Inicialmente, el profesional del derecho lamentó que el Congreso haya aprobado el proyecto de decreto orientado a exonerar de la aplicación de multas y sanciones legales a los candidatos, movimientos internos y partidos políticos que no hayan presentado en tiempo y forma sus informes financieros de liquidación de fondos ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización.
Velásquez recordó que la ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos está enfocada en transparentar el uso de los bienes y recursos dentro de las campañas políticas, además de la obligación de presentar un informe detallado de dónde provienen y hacia dónde son dirigidos los fondos.
El abogado dijo que no puede ser que a pocos días del proceso electoral general los políticos todavía no hayan presentado sus declaraciones ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización.
Mencionó que se puede llegar a un proceso electoral desconociendo quienes son las personas que verdaderamente están detrás del financiamiento de las campañas políticas.
En otro aspecto, se refirió a las reformas en el caso de la trata de personas donde se aumentó la pena que actualmente está de cinco a diez años y que ahora será de 10 a 15 años a quien comenta este delito.
Esta pena aumenta en un tercio cuando se emplee violencia, intimidación, pagos, o sea menor de 18 años de edad, entre otros.
El problema refirió Velásquez, es que en el país se dan caravanas y movilizaciones y estas reformas pueden buscar criminalizar las caravanas de migrantes y otras movilizaciones a través de estas figuras.
De acuerdo a las reformas aprobadas, en el desplazamiento forzado, la pena de 6 a 9 años aumenta en un tercio cuando hay una asociación para delinquir o para beneficio de esta.
También cuando el autor tenga la condición de autoridad, funcionario o empleado público; se cometa en perjuicio de personas discapacitadas, en menores de edad o personas de la tercera edad; se sometiera a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes y se cause la destrucción u ocupación del bien inmueble.
Con información de Douglas Varela