(EFE).- El Gobierno de Honduras debe implementar las recomendaciones del grupo de expertos que investigó el caso de Berta Cáceres, activista asesinada hace una década en represalia por su defensa de los derechos indígenas, subrayó este viernes la relatora de la ONU Mary Lawlor.
«El Estado tiene la obligación de sancionar, reparar y asegurar las garantías de no repetición, incluso modificando estructuras que permiten la continuación de amenazas, hostigamiento y ataques contra los defensores de derechos humanos», subrayó la experta de Naciones Unidas en un comunicado.
La relatora de la ONU para los defensores de derechos humanos subrayó que diez años después del «cobarde asesinato» de Cáceres, los hallazgos y las recomendaciones del informe final «representan un paso fundamental en el camino hacia la justicia y la verdad».
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su domicilio en represalia por su labor en defensa de los derechos del pueblo lenca en la comunidad de Río Blanco frente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Lawlor recordó que aunque la justicia condenó a los autores materiales de su asesinato, no se ha investigado debidamente los responsables intelectuales o quienes pagaron a los sicarios.
En febrero de 2025 se creó en colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para investigar el asesinato, que el pasado 12 de enero publicó su informe final.
En él se concluyó que el crimen fue resultado de una operación criminal planificada, ejecutada mediante una estructura organizada con la participación de sicarios y directivos empresariales, entre otros.
También denunció intentos de encubrimiento y omisión por parte de agentes estatales e inversores internacionales. EFE
