Radio América. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó un requerimiento fiscal contra exfuncionarios del Gobierno (2018-2022) por la compra fraudulenta de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para pacientes de COVID-19.
El perjuicio a la población hondureña superó los 63 millones de lempiras, ya que las autoridades recibieron los equipos incompletos y sin los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Entre los acusados están Lisandro Rosales, excanciller de la República; Gabriel Rubí, excomisionado de COPECO; Jessica Canahuati, excónsul de Honduras en Nueva York; y tres exfuncionarios de COPECO: Cristian Santelí, Clara Trejo y Alexis Peña. A todos se les imputa los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Según la investigación, los acusados aprovecharon la emergencia sanitaria para manipular el proceso de adquisición y omitir el procedimiento formal de recepción de los ventiladores.
Mientras el país enfrentaba una crisis sin precedentes, miles de hondureños murieron asfixiados en los hospitales, mientras los equipos, inservibles, permanecen almacenados, lo que representa un grave daño a la salud pública.