(Redacción RT). El Senado mexicano aprobó modificaciones a la ley para poder sancionar con «muerte civil» a los funcionarios y polÃticos que hayan incurrido en actos de corrupción.
Por unanimidad, el Senado aprobó reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal Federal para poder inhabilitar de por vida a los funcionarios públicos que hayan afectado las finanzas del Estado con actos de corrupción.
En la iniciativa aprobada, se estableció que los funcionarios que cometan afectaciones graves, valuadas en 126.000 pesos (aproximadamente 6.680 dólares), podrÃan ser inhabilitados de la función pública de forma definitiva.
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🔴 Con 102 votos en pro se aprueban los artÃculos reservados del dictamen que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal, en materia de inhabilitación permanente por hechos de corrupción.
— Senado de México (@senadomexicano) 21 de marzo de 2019
El catálogo de sanciones también incluye la prohibición a los funcionarios corruptos de participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
«Flagelo social»
«Es uno de los principales flagelos en nuestro paÃs porque agravia profundamente a la sociedad, deslegitima la autoridad del Gobierno y vulnera la eficacia de nuestro orden jurÃdico», dijo el senador Marco Antonio Gama, del Partido Acción Nacional (PAN).
El senador Clemente Castañeda, del partido Movimiento Ciudadano, señaló que la corrupción está fuertemente arraigada en la operación de todos los niveles de Gobierno, y enumeró las múltiples prácticas en las que incurren muchos funcionarios y polÃticos mexicanos: mordidas (sobornos), cobro de diezmo, permisos ilegales, licencias o trámites, y obras públicas a sobreprecio.
La corrupción en este paÃs tiene que combatirse a partir de reformas de carácter legal e institucional, por ello es que celebramos que se haya aprobado nuestra propuesta de #MuerteCivilACorruptos: pic.twitter.com/Ku8PxbAVuk
— Clemente Castañeda H (@ClementeCH) 21 de marzo de 2019
En México, 2 de cada 10 personas que ha tenido contacto con algún servidor público incurre en actos de corrupción y 9 de cada 10 considera que son frecuentes este tipo de actos, según cifras del Instituto Nacional de EstadÃstica y GeografÃa (Inegi).
