Radio América. El Congreso Nacional aprobó ayer la “Ley especial de regulación de uso de vacunas y tratamientos médicos para el combate de la emergencia humanitaria y sanitaria a consecuencia de la COVID-19”.
La misma ha sido cuestionada por varios sectores en las últimas horas al señalar que eximiría de responsabilidad penal a los proveedores de medicamentos y servicios médicos en el marco de la pandemia.
La iniciativa establece que no podrían ser objeto de demandas personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras.
Sectores advierten que esto podría dar espacio a la vacunación experimental en el país sin que se tenga la facultad de demandar a empresas o personas por mala praxis o desidia en casos de Covid.
El dictamen estuvo a cargo de una comisión especial integrada por 11 diputados, detalló el congresista Liberal, Mauricio Villeda.
En declaraciones este viernes a Radio América manifestó que el hecho de que cuatro de ellos hayan votado en contra o se hayan abstenido “dice mucho” y da una “sospecha” sobre el contenido del proyecto.
“Las leyes son para beneficiar a los hondureño no para perjudicarlos ni quitarles los derechos individuales establecidos en la Constitución de la República y tratados internacionales de derechos humanos”, expresó.
En ese sentido Villeda calificó de “tarrayazo” la gestación del artículo 3 del proyecto presentado a consideración por el secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Ebal Díaz Lupian, a través del Oficio SDP No. 122-2021.
“Los que pescan en una laguna o el mar saben que es pescar con atarraya, ahí se va de todo”, ejemplificó respecto al trasfondo de la normativa cuando se está a la espera de fármacos de inoculación que en el mercado han sido cuestionados o que no están completamente aprobados.
El parlamentario del conservador Partido Liberal expresó que la iniciativa violenta los artículos 69 relacionados a la libertad personal y 80 que garantiza el derecho a la presentación de peticiones a las autoridades.
“Aquí esto viola el derecho a la defensa porque no es más importante defender a un laboratorio, un proveedor de servicios, fabricante o un desarrollador de medicamentos”, subrayó.
Villeda considera que juega mucho la ética de los laboratorios fabricantes, pues no es justo que se traiga basura a Honduras.
“La persona tiene el derecho de estar informado y saber lo que nos puede pasar, pero aquí parece que la cosa es a la brava como si fuera una dictadura”, expresó.
Es del criterio que el Estado ha llegado a una etapa de incompetencia total llevando al Congreso ese tipo de Leyes para su aprobación, agregó, cuestionando a la vez el abuso al consentimiento informado.
El diputado Villeda arremetió diciendo que Honduras se encuentra entre los últimos países del istmo centroamericano en la adquisición de vacunas. “Ha habido una lentitud que decepciona”.
Lea además:
No es posible que servidores médicos generen un impacto sin ser objeto de demanda, señala analista
