Radio América. Este jueves el Congreso Nacional de Honduras tiene contemplada en agenda discutir la Ley especial de regulación del uso de vacunas y tratamientos médicos para el combate de la emergencia humanitaria y sanitaria a consecuencia de la Covid-19.
De acuerdo a lo denunciado por algunos diputados dicho proyecto de decreto pretende eximir de responsabilidad penal a proveedores de servicios médicos en el marco de la pandemia.
La iniciativa establece que no podrían ser objeto de demanda personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras.
En ese sentido se ha pronunciado este día a través de Radio América el analista y miembro de la Sociedad Civil, Luis León.
“Lamentamos que al Pleno del Congreso Nacional lleguen propuestas que desconocemos lo que tienen y cual es su trasfondo”, inició diciendo.
El analista León señaló que le preocupa el hecho de solo ver el nombre de la propuesta presentada a consideración por el secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, el abogado Ebal Díaz.
“Cómo es posible que el Estado esté dispuesto a habilitar compras a proveedores farmacéuticos que si generan un impacto en la salud del pueblo hondureño no pueda ser retribuido a través de una demanda”, expresó.
El miembro de sociedad civil espera que la iniciativa no tenga un trasfondo en la compra de vacunas a un socio identificado de manera experimental.
“De ser así otra vez estaríamos jugando con lo mismo y poniendo por delante intereses económicos entre políticos y empresas”, cuestionó.
León no ve con buenos ojos que se esté dejando a la deriva la seguridad de vida del pueblo hondureño.
“No es posible que usted contrate un sistema de salud para que lo atiendan del covid o cualquier otra enfermedad y si ellos no son diligentes su familia no puedan demandar por mala praxi”, objetó.
La aprobación de esta ley, señaló, llevaría a un debilitamiento en la calidad a los servicios de salud del país “aunque haya una desidia”.
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