RADIO AMÉRICA._ Por el delito de «prevaricato judicial», la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE) presenta solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia (CS) contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona RodrÃguez, ya que «ambos funcionarios, sin la participación del tercer miembro que conforma el Pleno, emitieron resoluciones contrarias a la ley ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados».
El 27 de octubre los magistrados resolvieron de manera irregular una recusación interpuesta por un ciudadano que cuestionaba la imparcialidad de uno de ellos, en un caso vinculado a dos recursos de apelación sobre solicitudes de inscripción de candidaturas.
HechosÂ
Según los hechos, los magistrados rechazaron dicho incidente sin seguir el procedimiento que establece la Ley Orgánica y Procesal Electoral, el cual exige «la formación de una pieza separada, la notificación al magistrado recusado, la suspensión temporal del expediente principal y la convocatoria de un magistrado suplente. En lugar de ello, los dos magistrados resolvieron la recusación por su cuenta, sin conformar el Quórum conforme a ley».
Mencionan que ese mismo dÃa, ambos magistrados admitieron y resolvieron las recusaciones en una clara contravención a la normativa que regula ese Tribunal, ya que tomaron decisiones sin la participación del tercer magistrado propietario ni la convocatoria de un suplente, pese a que la ley establece que el Pleno solo puede sesionar válidamente con la presencia de los tres miembros propietarios o, al menos, dos propietarios y un suplente.
Sentencia definitiva
El 28 de octubre de 2025, los dos magistrados dictaron sentencia definitiva, declarando con lugar los recursos y ordenando al CNE la inscripción inmediata de los ciudadanos como candidatos a diputados. Esta decisión se tomó pese a que el TJE no estaba debidamente integrado, sin convocar al tercer magistrado propietario ni a un suplente, y a sabiendas de que la ley exige la participación de los tres miembros para sesionar y resolver válidamente. En consecuencia, las resoluciones fueron emitidas de manera ilegal, al margen del procedimiento establecido en la Constitución de la República y la Ley Electoral.
Por estas razones, el Ministerio Público considera que los magistrados incurrieron en el delito de prevaricato judicial, por tanto, solicita a la CSJ declarar «ha lugar» el antejuicio para que se proceda conforme a derecho ante el juez natural competente.
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