(EFE).- El titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) de Honduras, general Ramiro Muñoz, denunció que una jueza de Catacamas, departamento de Olancho dejó en libertad a un presunto lavador de activos al que en una operación le fueron decomisadas 39 armas de fuego.
En declaraciones al Canal 5 de televisión Muñoz señaló que el presunto lavador de activos, identificado como José Paguada, fue dejado hoy «en libertad» por una jueza de los juzgados en Olancho, aún cuando fue detenido con 39 armas de fuego en el marco de una operación hecha el lunes por el Ministerio Público (Fiscalía) en tres departamentos del país.
Acusado
Agregó que la jueza, a la que no identificó, envió a su casa al acusado, que estaría ligado al crimen organizado y narcotráfico, y le impuso una sanción económica de 100.000 lempiras (unos 3.760 dólares).
Según Muñoz, en la operación del lunes fueron asegurados 129 bienes inmuebles, de los que no todos están asociados a Paguada, pero él fue capturado con 39 armas de fuego.
«¿Dónde queda el trabajo de todos, dónde queda la confianza en la institucionalidad? Estoy claro de una cosa, de las amenazas a las que pudo o es sometida la juez que lleva el caso», enfatizó el director de la DLCN.
Bienes
Señaló además que, entre otros bienes, las autoridades aseguraron el lunes entre 80 y 90 vehículos, once productos financieros y «36 armas en su mayoría de guerra, prohibidas, con silenciadores», además de municiones.
«¿No es un insulto para el pueblo hondureño que dejemos libre a alguien con este tipo de cosas solo porque van a amenazar a un operador de justicia en el país, hasta cuándo nosotros vamos a permitir esto?», se preguntó con enfado el funcionario.
Captura
Muñoz advirtió que si se presenta la ocasión, volvería a capturar a Paguada, de quien no descartó que se pueda fugar después de la denuncia que hizo hoy.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, indicó que el nuevo presidente de ese poder del Estado, Wagner Vallecillo, quien hoy asumió el cargo tras prestar su promesa de ley ante el Parlamento, «ha dado ya las instrucciones inmediatas a la Inspectoría General para que tome nota de lo que está siendo denunciado públicamente» por el director de la DLCN.
Agregó que del nuevo presidente del Supremo existe una política de establecer una vigilancia y supervisión permanente a nivel nacional en todas las acciones de los servidores judiciales, y que la Fiscalía «tiene abierto el recurso de apelación que corresponde y que le establece el Código Procesal Penal si no se está de acuerdo en la decisión que ha tomado la juez de la localidad». EFE
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